
La Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local es un sinsentido mÔs de la istración Rajoy. Forzado por un compromiso con la Troika de austericidio, tras los recortes en educación sanidad, empleo y pensiones, el siguiente embiste corresponde a las istraciones locales, a los ayuntamientos.
Cifras absolutamente incontestables dejan en evidencia que no es cuestión de ajuste económico, sino de adelgazamiento de lo pĆŗblico. SegĆŗn datos oficiales la gran mayorĆa de los Ayuntamientos, alrededor de 6.000, cerraron sus cuentas con superĆ”vit en 2012. Y el conjunto de la deuda de la istración Local en su conjunto, supone poco mĆ”s del 4% del total de todas las istraciones pĆŗblicas; siendo ademĆ”s la Ćŗnica que ha logrado cumplir los objetivos fijados por el Gobierno sobre el dĆ©ficit. ĀæPor quĆ© seƱalar a lo local como despilfarrador, descontrolado y poco eficaz?
La deuda de todos los Ayuntamientos en 2012 fue de unos 35.000 millones de euros, hay mÔs de 8.100 municipios, 3.000 de ellos sin deuda, 5.000 en los que ésta es de menos de 50 millones de euros cada uno, 99 con una deuda superior a 50 millones de euros, y singularmente sólo uno, el Ayuntamiento de Madrid, con una deuda de unos 7.000 millones de euros.
Si existe alguna ciudad o municipio que necesite planes de ajuste contingentes, hĆ”ganse; pero, Āæpor quĆ© el Gobierno de EspaƱa se empecina en legislar como si todos los municipios de este paĆs tuviesen el nivel de deuda y el grado de ineficacia que el municipio mĆ”s endeudado?
No me cabe mÔs que pensar que quien realiza esta reforma desconoce la labor mÔs que aceptable que llevan a cabo las istraciones locales y sus órganos de gobierno. La memoria presentada por el Gobierno habla de los millones de euros que se va a ahorrar en el gasto público, pero no dice nada de los millones de servicios prestados que van a desaparecer y los millones de personas que van a dejar de recibir los mismos. Lo mÔs probable es que aquellos que cuantificaron la memoria económica no evaluaran el coste social, el coste pare el ciudadano al que le afectarÔn directamente las medidas de recorte.
Durante mĆ”s de 35 aƱos, los ayuntamientos democrĆ”ticos han construido sociedades cohesionadas. Alumbrado donde no habĆa, calles asfaltadas donde habĆa barro, parques y jardines, servicios sociales a nuestros mayores, la atención a las personas en situación de exclusión social, programas de voluntariado, vivienda social, desarrollo de polĆgonos industriales, bibliotecas, escuelas infantiles, etc. Con competencias o sin competencias, los ayuntamientos han llegado a prestar servicio a sus ciudadanos cuando y donde ni los gobiernos autonómicos ni el de la nación llegaban. Los que somos municipalistas sabemos que esto fue posible por el carĆ”cter absolutamente cercano de la polĆtica local al ciudadano, porque cualquier vecino en cualquier lugar te puede parar en la calle y preguntar o requerir, y eso no les pasa a otros polĆticos de Ć”mbitos distintos al municipal.
Y ahora, en vez de reformar para modernizar la istración pĆŗblica local con nuevas formas de participación de la ciudadanĆa, apostando por reforzar la transparencia de las decisiones que se toman, por la incorporación a las redes sociales, por la agilización de procedimientos, por la cultura de la cooperación y por la clarificación definitiva de competencias con financiación adecuada; se acomete una reforma que es un recorte de servicios puro, que afectarĆ”n a los ciudadanos de forma directa, ya que no podrĆ”n ser asumidos por las diputaciones o las comunidades aquellos servicios que dejarĆ”n de prestarse. Y todo ello, sin reportar en modo alguno el ahorro económico que se plantea por el Estado.
La voluntad del gobierno del PP es aprobar la ley y, tras los presupuestos presentados para 2014 y con la perspectiva de 2015, no se ve la posibilidad de un acuerdo en la tramitación de la misma. El gobierno ha confiado a este recorte sin precedentes el cumplimiento del dĆ©ficit de EspaƱa, echa en hombros de los municipios y sus ciudadanos las exigencias de la troika, y coloca en una situación muy difĆcil a miles de cargos pĆŗblicos que hacen polĆtica desde la base, desde lo local, intentando mejorar y dar soluciones a sus vecinos en sus dĆa a dĆa; cada uno con su carga ideológica, pero todos desde su compromiso con su territorio.
Una ley sin consenso de los grupos polĆticos, con un acuerdo en precario a Ćŗltima hora con el PNV, pero sin contar con partidos que gobiernan en mĆ”s de 8.100 municipios, es una ley inaceptable. Porque tanta legitimidad democrĆ”tica tiene el Presidente de Gobierno de EspaƱa, como el alcalde o alcaldesa del municipio mĆ”s pequeƱo de EspaƱa. Los municipios no son hermanos pequeƱos de nadie, son una istración pĆŗblica con su autonomĆa concedida por la Carta Magna. AsĆ pues, nos encontramos con una imposición legislativa que llevarĆ” a la mayor de las frustraciones polĆticas.