El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha decidido itir a trÔmite el recurso del Gobierno central contra el Decreto-Ley andaluz de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, conocido como decreto antidesahucios, lo que supone la suspensión cautelar de la norma durante cinco meses.
El tribunal darĆ” ahora traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, asĆ como al Gobierno y al Parlamento andaluz, a travĆ©s de sus presidentes, que dispondrĆ”n de un plazo de 15 dĆas para personarse en el proceso y formular alegaciones.
De acuerdo a lo previsto, la impugnación produce la suspensión de la disposición recurrida, pero el tribunal, en su caso, deberĆ” ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses, por lo que la isión a trĆ”mite tendrĆ” como inmediata consecuencia la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, desde la fecha de interposición del recurso --9 de julio de 2013-- para las partes del proceso y desde el dĆa en que aparezca publicada la suspensión en el BoletĆn Oficial del Estado para los terceros, lo que tambiĆ©n comunicarĆ” a los presidentes del Gobierno y del Parlamento de AndalucĆa.
El Gobierno anunció el 28 de junio que recurrirĆa el decreto andaluz, que prevĆ© expropiaciones de viviendas, previo informe del Consejo de Estado, que el pasado 4 de julio dio la razón al Ejecutivo al considerar que existen "fundamentos jurĆdicos" para la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra el decreto y contra los cambios que introduce en el artĆculo 1.3 de la Ley reguladora del derecho a la vivienda en AndalucĆa.
La vicepresidenta, Soraya SĆ”enz de SantamarĆa, habĆa adelantado que el Gobierno entiende que la norma andaluza "afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad de la vivienda, que es una norma reservada a las Cortes Generales, establece una responsabilidad sancionadora al margen del principio de culpabilidad que viene exigido por la Constitución y establece una regulación contraria al principio igualdad".
En el mismo sentido, detalló que "en la regulación de los derechos por ella afectados es necesario que exista una norma de carÔcter general y estatal para garantizar la igualdad" e indicó que "ademÔs de los razonamientos que ha manifestado la Unión Europea y su preocupación por la norma", el Gobierno ha analizado el respeto a la normativa constitucional. "Ese es el único fundamento que sirve para un recurso de inconstitucionalidad", añadió.
Desde que el decreto de la función pĆŗblica de la vivienda entró en vigor el 12 de abril, la Junta de AndalucĆa ha iniciado los expedientes de expropiación temporal de doce viviendas y ha defendido la constitucionalidad de una norma que, segĆŗn palabras de la Consejera de Fomento y Vivienda, Elena CortĆ©s, tiene "legalidad jurĆdica plena" y un "respeto escrupuloso al Estatuto de AutonomĆa andaluz y la Constitución espaƱol".