El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha decidido itir a trĆ”mite el recurso del Gobierno central contra el Decreto-Ley andaluz de medidas para asegurar el cumplimiento de la FunciĆ³n Social de la Vivienda, conocido como decreto antidesahucios, lo que supone la suspensiĆ³n cautelar de la norma durante cinco meses.
El tribunal darĆ” ahora traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, asĆ como al Gobierno y al Parlamento andaluz, a travĆ©s de sus presidentes, que dispondrĆ”n de un plazo de 15 dĆas para personarse en el proceso y formular alegaciones.
De acuerdo a lo previsto, la impugnaciĆ³n produce la suspensiĆ³n de la disposiciĆ³n recurrida, pero el tribunal, en su caso, deberĆ” ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses, por lo que la isiĆ³n a trĆ”mite tendrĆ” como inmediata consecuencia la suspensiĆ³n de la vigencia y aplicaciĆ³n de los preceptos impugnados, desde la fecha de interposiciĆ³n del recurso --9 de julio de 2013-- para las partes del proceso y desde el dĆa en que aparezca publicada la suspensiĆ³n en el BoletĆn Oficial del Estado para los terceros, lo que tambiĆ©n comunicarĆ” a los presidentes del Gobierno y del Parlamento de AndalucĆa.
El Gobierno anunciĆ³ el 28 de junio que recurrirĆa el decreto andaluz, que prevĆ© expropiaciones de viviendas, previo informe del Consejo de Estado, que el pasado 4 de julio dio la razĆ³n al Ejecutivo al considerar que existen "fundamentos jurĆdicos" para la interposiciĆ³n del recurso de inconstitucionalidad contra el decreto y contra los cambios que introduce en el artĆculo 1.3 de la Ley reguladora del derecho a la vivienda en AndalucĆa.
La vicepresidenta, Soraya SĆ”enz de SantamarĆa, habĆa adelantado que el Gobierno entiende que la norma andaluza "afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad de la vivienda, que es una norma reservada a las Cortes Generales, establece una responsabilidad sancionadora al margen del principio de culpabilidad que viene exigido por la ConstituciĆ³n y establece una regulaciĆ³n contraria al principio igualdad".
En el mismo sentido, detallĆ³ que "en la regulaciĆ³n de los derechos por ella afectados es necesario que exista una norma de carĆ”cter general y estatal para garantizar la igualdad" e indicĆ³ que "ademĆ”s de los razonamientos que ha manifestado la UniĆ³n Europea y su preocupaciĆ³n por la norma", el Gobierno ha analizado el respeto a la normativa constitucional. "Ese es el Ćŗnico fundamento que sirve para un recurso de inconstitucionalidad", aƱadiĆ³.
Desde que el decreto de la funciĆ³n pĆŗblica de la vivienda entrĆ³ en vigor el 12 de abril, la Junta de AndalucĆa ha iniciado los expedientes de expropiaciĆ³n temporal de doce viviendas y ha defendido la constitucionalidad de una norma que, segĆŗn palabras de la Consejera de Fomento y Vivienda, Elena CortĆ©s, tiene "legalidad jurĆdica plena" y un "respeto escrupuloso al Estatuto de AutonomĆa andaluz y la ConstituciĆ³n espaƱol".
