
La entrada en vigor de la Ley de Transparencia tiene su trasunto digital en un nuevo portal dedicado a ofrecer ciudadano a la información en poder de la istración del Estado. Pero una rÔpida visita a la web transparencia.gob.es desmiente de inmediato esa aspiración.
La supuesta transparencia estĆ”, para empezar, sólo en castellano. Quien pretenda acceder en cualquiera de las otras lenguas oficiales o en inglĆ©s verĆ” como sólo se traduce el menĆŗ principal, manteniendo el resto de contenidos su versión original. A diferencia de pĆ”ginas similares de otros paĆses, aquĆ no hay canales temĆ”ticos ni atajos de navegación. En su lugar, un buscador invita a bucear en el medio millón de registros que la herramienta alberga.
Ni abiertos, ni accesibles
No espere bĆŗsquedas avanzadas ni operadores lógicos para afinar los resultados: sólo encontrarĆ” una lista de filtros preestablecidos por categorĆas (Institucional, Normativa y Económica son los esclarecedores descriptores), por ministerios y por fecha. Si aƱade nuevas etiquetas al buscador, queda advertido de que sólo conseguirĆ” con ello multiplicar el nĆŗmero de pĆ”ginas de resultados.
Suponiendo que esta bĆŗsqueda casi al azar le depare algĆŗn fruto relevante, el formato de salida serĆ” un listado en pantalla. Una relación de edificios propiedad de una institución, por ejemplo, que no podrĆ” cruzar con otros datos o documentos ni descargar como archivos que permitan su reutilización. Hay excepciones, como organigramas en formatos no abiertos (PDF) o enlaces que prometen mĆ”s detalles, aunque el camino lleve a una pĆ”gina donde simplemente se repite el tĆtulo de la ficha a la que pretendĆa acceder.
Sólo para iniciados
Una alternativa al buscador es solicitar la información que se desee a través del botón para tramitar peticiones. El portal obliga en este caso a la identificación del mediante un abanico de medios diferentes. Si ya ha sufrido el trÔmite de expedición y uso (en un sólo terminal y con un navegador en concreto) del Certificado Digital, no es necesaria mayor explicación al respecto. Si opta por métodos alternativos de identificación (como el sistema Cl@ve) habrÔ de peregrinar por varias webs externas al portal para registrarse y conseguir su contraseña.
El y la petición no garantizan recibir respuesta o la información solicitada. La Ley permite a las instituciones acogerse al silencio istrativo negativo: si no obtiene contestación en 30 dĆas, su solicitud queda denegada. No se moleste en ningĆŗn caso en pedir información al respecto de datos anteriores a 2014, ni de Comunidades Autónomas o Ayuntamientos, ni de borradores legislativos o informes que precisen de algĆŗn tipo de elaboración. Esas posibilidades no estĆ”n incluidas en la Ley. Y no, tampoco registros de visitas, reuniones o viajes de los cargos y representantes polĆticos.
El portal queda asĆ a la altura de la Ley que le da sentido, clasificada por la organización Access Info en el tercio inferior de su ranking mundial, entre Thailandia y Costa de Marfil. La norma es un primer intento de abrir la istración a los ciudadanos, pero su puesta en marcha estĆ” aĆŗn muy lejos de responder a lo que una sociedad desarrollada entiende por al ābig dataā pĆŗblico.