El Senado de Estados Unidos tramita desde finales de julio una nueva legislación para definir una "estrategia de seguridad nacional ante las amenazas de pulso electromagnético", por tormenta solar o ataque terrorista. Las autoridades de Estados Unidos continúan con sus preparativos para caso de gran tormenta solar extrema que golpease nuestro planeta o ataque terrorista de pulso electromagnético de amplio alcance desatado contra el país.
Si hace breves semanas trascendía que al menos 5 Estados federados estaban tramitando distintas leyes para mejorar la protección de sus territorios frente a este tipo de eventos es ahora el propio Senado de Estados Unidos el que está tramitando una nueva legislación federal para definir una "estrategia de seguridad nacional ante las amenazas de pulso electromagnético", tanto por gran tormenta solar como por ataque terrorista contra el país.
Así, la llamada Orden Presidencial 7 de Barak Obama para la protección de infraestructuras críticas.
Su principal promotor, el Senador Ron Jhonson, que ha venido desempeñando el puesto de Presidente de la Comisión del Senado relativa a los asuntos de Seguridad Nacional y que realizó una dura intervención en la Camara Alta en la presentación de la iniciativa llegó a manifestar que "tras años de advertencias muy poco o nada ha sido hecho todavía ante este tipo de riesgo" de máxima gravedad, ya que hoy día "el 90% de la población no podría sobrevivir a un pulso electromagnético que golpease la red eléctrica".
Afirmación que, de hecho, se ve refrendada por las previas estimaciones del Electrical Infrastructure Security Council (EIS Council) que ya desde 2011 ha venido advirtiendo sobre semejantes consecuencias de no contarse con la preparación nacional adecuada.
Desde España el Decálogo preventivo de la Protección Civil de Extremadura, pionera en España en esta materia.
"La amenaza EMP tiene que empezar a ser tomada en serio de una vez y hay que empezar a transmitírselo también con normalidad -como una buena practica preventiva- a toda la población del país y no sólo a la población de una única Comunidad Autónoma. La población civil tiene que poder saber que existe una pequeña posibilidad real de que algo así sucediese, conocer cuáles serían sus principales efectos y saber qué es lo que tendrían que hacer en ese caso desde el primer momento, como llevamos casi 5 años explicando".
