COMUNICADO AJFV SOBRE LAS TASAS JUDICIALES
Concretamente, somos los cuartos empezando por la cola. Los Jueces españoles –escasamente 5000- soportan una de las tasas de litigiosidad más altas de la Unión Europea. Los Jueces españoles reciben y resuelven anualmente más de 9 millones de asuntos, no existiendo parangón en toda Europa de tasas tan altas de resolución por Juez. Y todo ellos a costa de su sacrificio personal y familiar
Pues bien, para solucionar la carencia de Jueces y obviar la existencia en algunos casos de leyes procesales ineficaces y obsoletas, el Gobierno, encabezado por su Ministro de Justicia, el Sr., Ruiz Gallardón, no ha decidido ampliar la planta judicial. No ha decido afrontar con valentía una reforma de la oficina judicial. No ha decidido cambiar las leyes procesales donde sea necesario. Ha decidido expulsar del proceso civil, contencioso-istrativo y social a una gran parte de la población española, al ciudadano medio. Y para ello nada más simple que imponer unas tasas disuasorias, de modo que acudir a los Tribunales sólo pueda estar al alcance de algunos.
La total y absoluta descoordinación entre Justicia y Hacienda
Pero como en este país se legisla sin previsión alguna, a 100 por hora, que el 21 de noviembre se publica una Ley de tasas que entra en vigor al día siguiente y resulta que el Ministerio de Hacienda no tiene preparados los impresos correspondientes. No se puede pagar la tasa. La total y absoluta descoordinación entre Justicia y Hacienda.
Esto tiene que traer consecuencias. AJFV pide seriamente al Gobierno de la nación que medite la ley aprobada y suspenda su aplicación modificándola mientras tanto por otra norma más adecuada. Que afronte de una vez la necesaria creación de plazas judiciales. Y que acometa la puesta en marcha de una Nueva Oficina Judicial, pero no sustentada en el proyecto –otra chapuza- del Gobierno anterior.
Lo que debe hacer el Sr. Ministro de Justicia es afrontar con realidad los problemas de la justicia en lugar de enredar con reformas de la ley de tasas, del estatuto orgánico del Poder Judicial y con la reforma de la LOPJ, pues parece que su único interés es atacar a la independencia judicial.
