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jueves. 12.06.2025

2014: todos contra la austeridad

Por Antón Saracibar | Entre los días 22 y 25 de mayo se celebrarÔn elecciones en los Estados de la UE para elegir a sus representantes en el Parlamento Europeo.

Europa

Sistema Digital | Entre los días 22 y 25 de mayo de este año se celebrarÔn elecciones en los Estados de la UE para elegir a sus representantes en el Parlamento Europeo. SerÔn las primeras elecciones de carÔcter general y con circunscripción única que se celebren en España bajo el mandato del señor Rajoy. Por lo tanto, en este mes de enero comenzarÔ de hecho la precampaña electoral, previsiblemente en un ambiente muy marcado por la crisis y por la oleada de recortes y medidas de austeridad impuestas por la Unión Europea, el BCE y el FMI. Unas medidas que la ciudadanía viene rechazando enérgicamente porque ponen en entredicho a la Democracia, al Estado de Bienestar Social y, ademÔs, alimentan una idea contraria a la propia Unión Europea. Todo ello- aunque nos augura una fuerte abstención- nos servirÔ de referencia para conocer mejor la dimensión del malestar de la ciudadanía hacia la Unión Europea y el verdadero alcance del desencanto que estÔn produciendo las políticas del actual Gobierno, desde hace dos años, así como las posibilidades reales de la oposición y, en concreto, de la izquierda para ser alternativa de gobierno en nuestro país.

La realidad que estamos viviendo confirma que las consecuencias de la crisis estÔn causando verdaderos estragos en los trabajadores y, particularmente, en los mÔs débiles. Eso justifica y explica el Plan Europeo de Inversiones, Crecimiento Sostenible y Empleos de Calidad elaborado recientemente por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), que se ha hecho público en Bruselas con especial protagonismo de CCOO y UGT. El momento elegido para presentar el Plan resulta oportuno y pretende divulgar, en vísperas de las elecciones al Parlamento Europeo (reforzado y con mÔs competencias), las alternativas sindicales mÔs apropiadas para salir lo mÔs rÔpidamente posible de la crisis y avanzar en la consolidación de una Europa mÔs cohesionada en términos económicos y sociales.

La CES rechaza rotundamente la actual política de austeridad causante del insostenible desempleo en la Unión Europea: 26,5 millones de desempleados, entre ellos 5,7 millones de jóvenes menores de 25 años. De la misma manera se opone a un modelo de salida de la crisis basado en la precariedad laboral y en una política (dumping social) que sólo pretende mejorar la competitividad de las empresas reduciendo drÔsticamente los salarios, los despidos, las pensiones y la prestación por desempleo, ademÔs de desregular brutalmente el mercado de trabajo y apostar decididamente por una regresiva política fiscal.

En este sentido, el Plan contempla una serie de alternativas económicas y sociales a una política que ha fracasado estrepitosamente y que sólo ha beneficiado al poder económico y financiero a costa de los trabajadores, que no son precisamente los culpables de la crisis.

Sin duda, el empleo representa el principal problema de la Unión Europea. Por eso, el Plan exige el cese inmediato de las polĆ­ticas de austeridad, por sus efectos letales en el empleo, sin que eso signifique abandonar la corrección razonable del dĆ©ficit y la contención de la deuda pĆŗblica. Las polĆ­ticas de austeridad han fracasado sin paliativos en los paĆ­ses donde se han impuesto por sus calamitosos efectos depresivos. EstĆ” comprobado que, a medida que una empresa, comunidad o paĆ­s busca ser mĆ”s competitivo reduciendo sus salarios y sus aspiraciones sociales y medioambientales, se crea una espiral descendente en los ingresos y en las infraestructuras sociales y materiales. Salarios mĆ”s bajos y una reducción del gasto pĆŗblico implican menor poder adquisitivo, conduciendo todo ello al estancamiento, la recesión, la caĆ­da del consumo interno y al desempleo, causantes finales de la desigualdad y pobreza, como lo viene denunciando Intermón: Si continĆŗan las polĆ­ticas de austeridad, el 42% de los espaƱoles serĆ”n pobres en el aƱo 2025.   

En coherencia con ello, la CES propone relanzar un ambicioso paquete de inversión de 10 aƱos de duración -para impulsar el crecimiento económico-, que alcance los 260.000 millones de euros anuales, el 2% del PIB europeo: Por lo tanto, 2,6 billones de euros. Su aplicación, segĆŗn CCOO, permitirĆ­a un crecimiento adicional del PIB de cinco puntos porcentuales en los cinco primeros aƱos y la creación de 11 millones de puestos de trabajo en los 10 aƱos de vigencia del Plan. Se pretende invertir en la generación de energĆ­a limpia; en industrias sostenibles; en educación; en investigación, innovación y desarrollo; en infraestructuras y comunicaciones; en rehabilitación de viviendas; en servicios pĆŗblicos de calidad…

Se prevé que su financiación se lleve a cabo mediante la emisión de eurobonos sostenidos por un capital inicial aportado por los Estados -en base al impuesto a las transacciones financieras y al impuesto a las grandes fortunas- y garantizados por éstos y el BCE, lo que significaría pagar tipos de interés reducidos.

Por otra parte, los sindicatos plantean que los recursos públicos para la inversión deben ser excluidos de la regla de oro que limita el déficit estructural de los Estados de la UE a un mÔximo del 0,5% del PIB, como recoge la regresiva reforma de nuestra Constitución pactada en su día por el PP y el PSOE.

El Plan es particularmente exigente en reivindicar el aumento del poder adquisitivo de los salarios y del salario mínimo legal, así como la implantación de un ingreso social mínimo garantizado que tenga como base principios europeos comunes. No sólo porque es justo, sino también porque contribuye decisivamente a la recuperación del consumo y por lo tanto al crecimiento de la economía y a la generación de empleo. Para llevarlo a cabo se defiende el diÔlogo social, la negociación colectiva y la autonomía de los interlocutores sociales, sin injerencias de los poderes públicos como viene ocurriendo en nuestro país y cuyos exponentes mÔs claros han sido la reforma laboral y la reforma de las pensiones.

En la misma medida se incide en la redistribución de la riqueza, a través del fortalecimiento de los servicios públicos y, sobre todo, de los sistemas de seguridad social y, dentro de los mismos, de los sistemas de pensiones muy afectados por las últimas políticas de recortes que, incluso, afectan al poder adquisitivo de los actuales pensionistas. En este capítulo se recuerda también la importancia de las personas dependientes a las que se deben garantizar cuidados a largo plazo y, en todo caso, su dignidad como personas, así como la necesidad de desarrollar guarderías infantiles y servicios de atención adecuados para niños, lo que facilitarÔ la igualdad de género y la conciliación de la vida familiar y laboral. Debemos recordar, ademÔs, que la atención a estos colectivos genera importantes retornos económicos e, inclusive, crea un número considerable de puestos de trabajo, al margen del fuerte componente social del que estÔ dotada esta política por su propia naturaleza.

Especial relieve alcanza la política fiscal. Resultan imprescindibles medidas a nivel europeo que persigan la evasión y el fraude fiscal. Los sindicatos europeos son particularmente rotundos en la lucha contra los paraísos fiscales, la especulación, la corrupción y la economía sumergida. Exigen que el impuesto de sociedades sea armonizado mediante la introducción de un tipo mínimo del 25%, eliminando para ello las subvenciones y las desgravaciones fiscales competitivas en el marco de la UE y cuyo ejemplo mÔs significativo se viene produciendo en España, donde las grandes empresas tienen una tasa de imposición fiscal del 30% y, sin embargo, el tipo impositivo real es mucho mÔs bajo. Efectivamente, según Gestha, España es el quinto país con el tipo mÔs alto de sociedades (30%), casi 7 puntos por encima de la media de la UE (23,1%); sin embargo, la recaudación por este concepto es de las mÔs bajas (ocupa el puesto 22 de 27). Se trata, ademÔs, del impuesto que mÔs peso ha perdido en los últimos años, junto al impuesto de las grandes fortunas, concentrando entre ambos el 72% del fraude fiscal, lo que explica en buena medida la caída de seis puntos en la recaudación desde el inicio de la crisis, al pasar del 37,1% del PIB, en 2007, al 31,4% en 2011, según el último informe conocido de la Comisión Europea sobre tendencias fiscales.

Se trata, en todo caso, de medidas conducentes a incrementar los ingresos fiscales y, como consecuencia, a impulsar el crecimiento económico y el empleo, así como a facilitar la corrección del déficit, sin que ello ponga en riesgo el gasto social y el gasto en servicios públicos esenciales: Sanidad, Educación y Servicios Sociales.

Una política de estas características sólo serÔ posible fortaleciendo la democracia y la transparencia en las diversas instituciones de la Unión Europea, comenzando por los diversos parlamentos, tanto nacionales como en el Parlamento Europeo. Por eso resultan importantes las elecciones a celebrar en el próximo mes de mayo en todos los países de la UE; no podemos olvidar que el Parlamento Europeo tendrÔ capacidad para aprobar o rechazar la legislación europea, decidir el presupuesto de la Unión Europea y elegir al presidente de la comisión Europea. En todo caso, la pretensión final de la CES es que las medidas contempladas en el Plan sean recogidas ampliamente en los programas de los partidos políticos de Ômbito europeo, particularmente de los partidos de izquierda.

Por el momento, llama la atención la escasa atención que han dedicado los medios de comunicación de masas a este claro y rotundo pronunciamiento de la CES. Este hecho confirma, en buena medida, la supeditación de no pocos medios de comunicación a las políticas neoliberales vigentes en el Ômbito de la Unión Europea. Por eso, los sindicatos estÔn organizando una campaña para divulgar estas ideas -lo que reforzarÔ su presencia en las empresas y en el conjunto de la sociedad-, que se prolongarÔ en los próximos meses hasta la Cumbre de Primavera del Consejo Europeo y culminarÔ en una Jornada de Acción Europea que incluirÔ una gran euro manifestación en Bruselas en la primera semana de abril. Se trata, en definitiva, de contrarrestar -con alternativas económicas y sociales cuantificadas- unas políticas regresivas que atentan contra el empleo, el Estado de Bienestar, los derechos laborales y sociales, la libertad y la democracia, con el agravante de que estas políticas se estÔn mostrando incapaces de corregir nuestros desequilibrios económicos mÔs importantes: el déficit y la deuda pública.

Por aƱadidura, esta campaƱa ayudarĆ” considerablemente a la CES y a los sindicatos en general a retomar la iniciativa y a mejorar su credibilidad y confianza delante del conjunto de la ciudadanĆ­a. En todo caso, es una buena razón y un buen momento para que los sindicatos defiendan su dignidad y encabecen con entusiasmo, en los próximos meses, una ā€œgran marea ciudadanaā€ que convierta las elecciones al Parlamento Europeo en un clamor contra la austeridad. No debemos olvidar que la democracia y la ciudadanĆ­a vienen demandando con insistencia una respuesta contundente a esta situación, ante el convencimiento de que si no hacemos nada en la actualidad nos esperan en los próximos aƱos convulsiones aĆŗn mayores de las que venimos sufriendo. Secundar esta iniciativa serĆ­a la mejor noticia para todos en los inicios del aƱo 2014.

2014: todos contra la austeridad