En la última legislatura, el ministro Cristóbal Montoro ha intensificado los mensajes relacionados con la necesidad de mejorar los resultados en la lucha contra el fraude. Y aprovecha los balances que ofrece puntualmente la Agencia Tributaria para sacar pecho, pero en realidad más de 250.000 millones de euros, que se dice pronto.
Sin embargo, el caso de Montoro no es, ni mucho menos, el único. Sus predecesores tampoco se han empleado muy a fondo en la reducción de la economía sumergida. Así, si analizamos la evolución histórica de los datos facilitados por diferentes estudios, el volumen de fraude siempre se ha mantenido por encima del 20% salvo en el año 2001 y en la década de los ochenta.
Pero este fue un oasis en medio del desierto. Ni Rato, Solbes, Salgado, ni ahora Montoro, han logrado hincar el diente con contundencia a esa gran hidra que es la economía sumergida. En parte, porque no han hecho el esfuerzo suficiente para reducir la connivencia de los españoles con el fraude a través de campañas similares a las realizadas por la Dirección General de Tráfico (DGT), que debería haber ido de la mano de una conducta ejemplar por parte de las élites políticas y empresariales en dicha materia, que desgraciadamente no se ha producido.
Pero tampoco han tenido la iniciativa para elaborar informes oficiales de economía sumergida, no se adoptan las medidas necesarias.
Contesta Carlos Cruzado,
Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda
