Los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio FernĆ”ndez Toxo y CĆ”ndido MĆ©ndez, se reunirĆ”n maƱana con la Defensora del Pueblo, MarĆa Luisa Cava de Llano, para pedirle que promueva un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma laboral.
Los sindicatos no pueden presentar un recurso de inscontitucionalidad directamente, tienen que hacerlo o a travƩs del Defensor del Pueblo o por medio de los Grupos Parlamentarios (se requieren al menos 50 diputados).
De momento, el PSOE ha anunciado que recurrirĆ” esta ley ante el Alto Tribunal si no se modifica antes en el trĆ”mite parlamentario, al igual que IU, siempre que esta formaciĆ³n consiga los apoyos necesarios.
Los sindicatos consideran que la reforma vulnera varios artĆculos de la ConstituciĆ³n EspaƱola, desde los reparos jurĆdicos a utilizar la vĆa excepcional del Real Decreto-ley en este asunto (artĆculo 86.1), como los referidos al trabajo, en su vertiente individual (35.1), a la tutela judicial efectiva (35.1 y 24.1), al derecho a la negociaciĆ³n colectiva (37.1, 28.1) o a la aplicaciĆ³n del despido por causas econĆ³micas al personal laboral del sector pĆŗblico (9.3, 14, 24 y 35).
Las voces dudando de la constitucionalidad de la reforma laboral empezaron a surgir casi desde el mismo momento de su aprobaciĆ³n. El pasado 5 de abril se conociĆ³ que el Consejo de GarantĆas Estatutarias, Ć³rgano consultivo de la Generalitat de CataluƱa, consideraba inconstitucionales al menos dos artĆculos de la reforma laboral.
En concreto, y en respuesta a un dictamen solicitado por PSC, ICV-EUiA, ERC y SI, este Ć³rgano entendĆa que por lo menos los artĆculos 12 y 14 de la reforma contienen preceptos inconstitucionales. SegĆŗn el Consejo, el primero de ellos, relativo a la modificaciĆ³n sustancial de las condiciones de trabajo, vulnera en sus apartados uno y dos el artĆculo 86.1 de la ConstituciĆ³n, igual que los apartados uno, tres y seis del artĆculo 14, sobre negociaciĆ³n colectiva.
En su opiniĆ³n, estos preceptos vulneran la ConstituciĆ³n porque el Gobierno no puede dictar decretos ley que afecten "al ordenamiento de las instituciones bĆ”sicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el TĆtulo Primero, al rĆ©gimen de las Comunidades AutĆ³nomas, ni al derecho electoral general".
CUESTIĆN DE INCONSTITUCIONALIDAD POR UN JUEZ DE MADRID.
El Consejo de GarantĆas de la Generalitat no es el Ćŗnico que duda de la constitucionalidad de la reforma. El juez JosĆ© Ćngel Folguera Crespo, adscrito al Juzgado de lo Social nĆŗmero 30 de Madrid, ha elevado cuestiĆ³n de inconstitucionalidad sobre la reforma amparĆ”ndose en varios elementos.
Por un lado, Folguera duda de que estĆ© justificado el vehĆculo elegido para aprobar la reforma, un Decreto Ley, para el que se exigen razones de extraordinaria y urgente necesidad (artĆculo 86.1 de la ConstituciĆ³n).
Por otro, tambiĆ©n argumenta su cuestiĆ³n de inconstitucionalidad en la posible vulneraciĆ³n de la tutela judicial del trabajador frente al despido (artĆculo 24 de la Carta Magna), del derecho a la igualdad (artĆculo 14) y del derecho constitucional a la asistencia y prestaciones sociales, especialmente en desempleo (artĆculo 41).
Las dudas del juez sobre la constitucionalidad de esta norma surgen, sobre todo, a raĆz de la nueva regulaciĆ³n que da la reforma a los salarios de tramitaciĆ³n, sĆ³lo abonables en los casos en los que, tras declararse improcedente el despido, el empresario opte por reitir al trabajador.
Si, por el contrario, opta por indemnizarle, el trabajador no tiene derecho a percibir los salarios de tramitaciĆ³n, pero si ha acumulado derechos suficientes podrĆ” acceder a las prestaciones por desempleo, sin que el empresario se haga cargo de ellas.
