En los últimos 35 años el Estado español potenció la Sanidad Pública de una manera espectacular hasta convertirla en un servicio ejemplar, muy valorado por los ciudadanos y modélico para el resto del mundo.
Desde la Ley General de Sanidad (1986) hubo un impulso político firme y continuado que permitió el desarrollo de los nuevos y modernos hospitales públicos y la creación de centenares de Centros de Salud, antes inexistentes. La mejora de la formación por la vía MIR, la creación de la especialidad de Medicina de Familia, la incorporación de nuevas tecnologías y la entrega entusiasta de numerosos profesionales permitieron la construcción de uno de los mejores sistemas sanitarios existentes.
El Sistema Nacional de Salud (SNS), sustentado en dos niveles asistenciales, políticas impulsadas desde el poder por el Partido Popular (PP) fueron encaminadas a suspender la atención sanitaria como un derecho para convertirla en un negocio. Este gravísimo proceso de extirpación de un derecho para transformar la salud en una mercancía se produce en toda España, pero se aplica de manera muy intensa y perseverante en Galicia. Los severos recortes practicados están provocando ya efectos muy perjudiciales.
SEVEROS RECORTES EN GALICIA
Ante la alarma social la Xunta responde con la creación de unos grupos de trabajo, integrados por profesionales afines, a los que encarga el diseño de un nuevo modelo de AP, dando a entender que el existente no es bueno
Galicia se incorporó tarde al desarrollo de la AP (decreto de 1993), pues el PP estuvo en contra desde los inicios y se alineó siempre con los sectores más reaccionarios del sector. Pese a todo, la sanidad gallega y el nivel de AP mejoraron de manera notable en las últimas décadas. Hace 50 años los médicos pasaban consulta en su propio domicilio y la carencia de medios era absoluta. Las primeras promociones de médicos de familia tuvimos una profunda implicación y una actitud de absoluta militancia que favoreció la implantación del nuevo modelo de la AP, en contra de las resistencias de ciertos grupos profesionales y del propio gobierno del PP.
El gobierno progresista (2005-2009) impulsó de forma notable la hospital público de Vigo para impulsar un proyecto privado que provocó y provoca graves disfunciones en ese área sanitaria).
En AP, además de suspender la aplicación del plan de mejora también suprimió las maltrata a los profesionales con ensañamento.
La sobrecarga asistencial es cada vez mayor. La aparición de problemas sanitarios por la dificultad de hacer una atención de calidad es evidente. La acumulación de camillas en los Servicios de Urgencia es cada día más ofensivo para la dignidad humana. Hace unos meses murió un paciente en el PAC de A Estrada y provocó una gran alarma social. Hay una denuncia en la Fiscalía por el fallecimiento de dos pacientes en el Servicio de Urgencias del Hospital de Santiago (dirigido por una prima de Núñez Feijóo). La protesta social y profesional comienza a ser más intensa: hay huelga en los PACs y en los Servicios de Urgencias y una dimisión en masa de los jefes de servicio de AP en Vigo. Dicen que no hay personal para mejorar los servicios. También eso es falso: si convocasen una oposición se presentarían cien personas para cada plaza. Pero los profesionales, si pueden, huyen de unas condiciones laborales intolerables.
En los últimos diez años la calidad asistencial de los Centros de Salud se sustentó en el esfuerzo y en la entrega de muchos profesionales que ahora, en el límite de su resistencia, protestan y reclaman soluciones. Ante la alarma social la Xunta responde con la creación de unos grupos de trabajo, integrados por profesionales afines, a los que encarga el diseño de un nuevo modelo de AP, dando a entender que el existente no es bueno. Realmente no se precisa un modelo nuevo: lo necesario es restaurar el daño causado con las decisiones adoptadas por ellos mismos. El actual deterioro no es fruto de la manifiesta incompetencia de los dirigentes. Por el contrario, es el resultado de un plan trazado previamente y ejecutado desde el poder político con la complicidad de algunos profesionales, que colaboraron desde sus puestos de gestión en el desmantelamiento de la AP. Pero aún es posible recuperar la dignidad: solo es preciso un cambio político.
