El Servicio Gallego de Salud tiene, para el año 2014, un presupuesto de 3.326 millones de euros, casi 400 millones más bajo que en 2010. Las externalizaciones y los conciertos con centros privados aumentaron de forma extraordinaria; representan ya cerca del 50% del presupuesto total junto con el gasto en farmacia y material sanitario, que sigue siendo muy elevado (1335 millones de euros). El descenso presupuestario afecta sobre todo al gasto en personal (por la destrucción de plazas y la reducción salarial, desciende un 14% respecto a 2010 y representa el 44% del total). Con tanto gasto comprometido para la actividad privatizada y la factura de las farmacias, el Sergas solo dispone del 5% del presupuesto para todo lo demás (obras, dotación, equipamiento, funcionamiento etc.), a todas luces insuficiente. Llevaron la situación a tal extremo que el Sergas tiene cegada toda posibilidad de inversión y mejora, situación terrible para cualquier organización que quiera ser puntera.
La el uso excesivo e inadecuado de estos recursos, como se demostró en otros estudios. También es una sustraccion muy relevante la entrega a manos privadas de la docencia, la formación y la evaluación de tecnologías; el sistema público pierde el control de un área fundamental: la investigación y el conocimiento que permiten construir el futuro.
Con esta táctica el PP entregó ya a manos privadas parcelas muy amplias de los centros sanitarios: el servicio de ambulancias, las telecomunicaciones del Sergas, el almacenamiento y suministro de material, el mantenimiento de los equipos sanitarios, la historia clínica y la receta electrónica, la central de llamadas (que presta un servicio penoso), la alta tecnología etc. Ahora pretenden privatizar los servicios de esterilización de todos los centros sanitarios de Galicia, una decisión de alto riesgo y que puede dejar sin trabajo a cerca de doscientos profesionales. El citado documento, que hay que leer con detalle, revela cuáles son las empresas beneficiadas por las privatizaciones, señala los numerosos conflictos de interés existentes en las decisiones políticas y destapa el papel cómplice de las empresas consultoras en este acelerado proceso privatizador, y sus vínculos con el entorno del partido gobernante.
La ADSPG termina su escrito haciendo un llamamiento: "Hay que parar este desmantelamiento ilegítimo y seguramente ilegal de nuestro Servicio Gallego de Salud". Si no somos capaces de frenar esta estrategia privatizadora, en el futuro será muy difícil recuperar la titularidad pública de los servicios privatizados. Hay que actuar ya, sin más demora.
