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La comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Congreso para informar de los nuevos problemas de la política europea de Defensa es buena ocasión para reflexionar sobre los distintos elementos que hoy componen esa política. Singularmente, permite reflexionar sobre: a) la realidad de los riesgos militares que acechan hoy a Europa; b) la respuesta nacional; c) la convergencia de los partidos nacionales hacia una respuesta consensuada y la dificultad de hacer una política de Defensa y Seguridad cuando la oposición no desea colaborar; y d) los instrumentos constitucionales para aplicar esa política.
En primer lugar, tenemos que examinar la realidad de los riesgos militares que acechan hoy a Europa porque la agresión rusa a Ucrania ha trastocado los fundamentos de la Seguridad en el continente. La guerra que estalló en Yugoslavia como consecuencia de su fragmentación ya puso a prueba la política de Seguridad en Europa, precisamente cuando el modelo generado con la Guerra Fría se había superado. Ya fue una paradoja que el día que el continente europeo dejó de estar dividido en dos bloques enfrentados empezara una guerra, mitad étnica, mitad civil, que enfrentó con gran ferocidad a unos territorios que habían coexistido pacíficamente durante medio siglo. El conflicto actual es todavía más devastador porque se trata de una gran potencia que agrede a un Estado vecino con la voluntad última de anexionárselo o de convertirlo en un Estado subalterno (como ya lo es Bielorrusia). El problema se agrava por el hecho de que el Estado agresor tiene un régimen político autoritario que, si no respeta los derechos de sus ciudadanos, menos va a respetar los derechos de los ucranianos.
El gran giro político que ha dado la política exterior de Estados Unidos multiplica por diez el problema
En ese contexto, el gran giro político que ha dado la política exterior de Estados Unidos multiplica por diez el problema. Estados Unidos, hasta la llegada del Presidente Trump, ha sido uno de los grandes apoyos de Ucrania (no sin algunas reservas que ahora evidencian el error de ser prudente ante los agresores), pero el problema no se agota con la fortísima presión que Trump está haciendo sobre el Estado ucraniano para que se rinda ante el agresor. El problema, a un plazo todavía más largo, es la soledad en que queda Europa frente a una eventual segunda agresión rusa, agresión que ya sufriría un Estado miembro de la Unión Europea (una República báltica, Polonia, Finlandia, Rumanía) o un proceso de integración (Moldavia).
Con la nueva política exterior de Estados Unidos estamos ante un doble fenómeno. En primer lugar, si Rusia agrede a un Estado de la Unión Europea, Estados Unidos no va a participar en la defensa del país agredido y es una incógnita cuál puede ser la respuesta de la OTAN, máxime cuando su máxima autoridad militar es y siempre ha sido estadounidense. En segundo lugar, el mensaje que ha recibido la Rusia de Putin es muy rotundo, Europa está sola ante una potencia nuclear agresiva y expansionista. La consecuencia es evidente:
-Hay que consolidar en grado muy elevado una política europea de Defensa y Seguridad.
-Cada Estado miembro debe elevar su inversión en Defensa, no porque lo pida un gobernante autoritario y errático como Trump, sino porque las Fuerzas Armadas de Europa son Fuerzas Armadas nacionales que se pueden integrar en un marco continental, pero que no dejarán de ser nacionales por mucho tiempo.
Por ende, es necesario que la Unión Europea tome conciencia de su debilidad y de su aislamiento y que dirija todos sus esfuerzos a reforzar sus medios de Defensa en perspectiva nacional y en perspectiva continental.
¿Está España en condiciones de lograr un gran acuerdo parlamentario para reorganizar su política de Defensa y de Seguridad?
Lógicamente, debe haber una respuesta nacional, respuesta que debe liderar cada Gobierno con dos polos, el polo estrictamente militar de puesta a punto de sus medios de Defensa y el polo financiero porque la puesta a punto de esos medios exige una mayor inversión en medios humanos y, sobre todo, en armamento. En este punto, hay un enfoque tradicional, que es el que contrapone cañones y manquilla; es decir, sacrificar el gasto social a la inversión militar (según la prensa de estos días, es el enfoque que parece estar estudiando el Gobierno laborista británico, cada vez más orientado a la política de los tories), pero cabe un enfoque más innovador que sugirió el Presidente Sánchez; esto es, una reorganización de la política del gasto público que haga compatible gasto social y gasto miliar. Pero ese enfoque innovador debería tener el apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas. ¿Está España en condiciones de lograr un gran acuerdo parlamentario para reorganizar su política de Defensa y de Seguridad? Ese es el tercer punto del presente artículo.
Visto el debate del día 26 de marzo, es de temer que no se logre la convergencia de los partidos nacionales en dirección a una respuesta consensuada. Por una parte, la derecha española nunca ha colaborado honradamente en los consensos de la política de Defensa y de Seguridad. El caso más claro es el atlantista Fraga Iribarne, que no apoyó la permanencia de España en la OTAN en el referéndum de 1986 con la esperanza de derrotar al Gobierno del Presidente González. Es más, cuando la derecha ha gobernado ha evitado la posibilidad de consensuar la política exterior y de Defensa, como se vio en 2003 cuando el Gobierno del Presidente Aznar involucró a España en una guerra de agresión tan devastadora como la de Ucrania, la agresión contra Irak. La derecha española no va a apoyar en ningún momento una nueva política de Defensa y de Seguridad, pues está en clave destructiva, a fortiori cuando una parte de esa derecha, como Vox, es prorrusa.
En España y en otros países hay todavía una extrema izquierda prehistórica que se obstina en identificarse con dictaduras tan sangrientas como la de Rusia o la de Nicaragua
Lo mismo puede decirse de una parte de la extrema izquierda. En España hay una extrema izquierda que me atrevo a denominar marciana, porque desconoce el mundo en que vive, como lo desconocería un marciano que aterrizara hoy en la Plaza de España de Madrid. Es una extrema izquierda vinculada todavía al mito de la revolución bolchevique, que ve en Rusia el paraíso del proletariado, olvidando la dictadura implantada en 1917 y olvidando que las posibilidades de evolución que había en la Unión Soviética fueron segadas por Stalin que, de paso, destruyó al propio partido bolchevique. Y, sin embargo, en España y en otros países europeos y americanos hay todavía una extrema izquierda prehistórica que se obstina en identificarse con dictaduras tan sangrientas como la de Rusia o la de Nicaragua.
Todo esto nos lleva a hablar de los instrumentos constitucionales de que dispone el Gobierno para responder adecuadamente a las nuevas necesidades de Defensa que han aparecido tras la agresión rusa a Ucrania. La política de Defensa y de Seguridad tiene componentes más amplios y complejos que la política militar, pero esta última es su núcleo principal. La Constitución, como casi todas las Constituciones, es muy escueta en materia de política miliar y hasta resulta anacrónica porque en su artículo 63.3 prevé que el Rey declare la guerra con autorización de las Cortes cuando el instituto de la declaración de guerra ha desaparecido del Derecho internacional tras la Carta de Naciones Unidas (véase a este respecto, Javier García Fernández: Guerra, Defensa y Derecho Constitucional. Estudios sobre el Derecho Público de la Defensa, Ministerio de Defensa, Madrid, 2024). Salvo ese anacronismo, la Constitución se limita a atribuir al Gobierno la dirección de la defensa del Estado y de la istración militar y al Rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Por ende, la Constitución ofrece pocos criterios para entender cómo se ejercita la política de Defensa y Seguridad.
En la legislatura 2000-2004, cuando ya sonaban los tambores de guerra sobre Bagdad, el Grupo de Defensa del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso trabajó muy intensamente sobre el control parlamentario de la política de Defensa y Seguridad, de modo que el Ministerio de Defensa del Gobierno de Rodríguez Zapatero impulsó la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional. Esta ley sustituyó a la de 1980, aprobada con el Presidente Suárez, que organizaba la autonomía militar en asuntos de Defensa a través de la Junta de Jefes del Estado Mayor. Por eso, el Gobierno del Presidente González se apresuró a reformarla en 1984 para liberarse de la tutela de la cúpula militar en materia de Defensa.
El ordenamiento ya tiene previsto cuándo es necesario que el Congreso (no el Senado) debata y autorice una operación en el exterior
La nueva Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, reguló por primera vez el control parlamentario de las acciones militares en el exterior y estableció su tipología y las condiciones para su realización (artículos 16 1 19). Ello significa que el ordenamiento ya tiene previsto cuándo es necesario que el Congreso (no el Senado) debata y autorice una operación en el exterior. Pero el debate sobre el giro de la política europea de Defensa no es una operación exterior de las que describe el artículo 16 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre. Es mucho más porque el rearme que pide la Comisión Europea forma parte de la política de Defensa y de Seguridad, pero también de la política exterior e incluso de la política económica y presupuestaria. Se trata de un eje estratégico de la dirección de la política exterior que el artículo 97 de la Constitución atribuye al Gobierno y es éste el que ha decidir en cada momento cómo informa al Congreso y con qué formato se debate. Y, probablemente, en el estado actual de la discusión en Bruselas hoy sea prematuro plantear un debate parlamentario porque faltan información.
En este contexto, el Presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, se ha descolgado pidiendo ser informado por la cúpula militar (es decir, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa y los Jefes de los tres Estados Mayores) del tema del rearme europeo. Lo que solicita el líder popular plantea un tema interesante que es la participación de la oposición en las grandes decisiones de la Defensa, pero tal como lo pide Núñez Feijóo es inaceptable. Es inaceptable porque el líder de la derecha pide la reunión con los jefes militares porque, dice él mismo, no se fía del Presidente del Gobierno. Y aquí vuelve a aparecer la constante deslegitimación de la derecha hacia el Gobierno de la izquierda. Por eso no es isible una reunión que serviría para corroborar la idea de un Gobierno ilegítimo con el que no se puede tratar ni negociar. Que Núñez Feijóo proclame su frustración y su rabia en su casa, pero que no contamine la política nacional con el odio que destila. Si quiere que el Gobierno cuente con su partido en la política de defensa y exterior, que reconozca la legitimidad de este Gobierno y muestre su voluntad de colaborar lealmente.
