No se “paga” a Hacienda, se “contribuye” a la caja común
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Las palabras importan, porque establecen el marco del debate público. No es igual hablar del “pago” a Hacienda que de la “contribución” a la caja común, aunque puedan parecer términos sinónimos.
La derecha utilizar el verbo “pagar”, aludiendo a tres de sus acepciones más negativas: pagar a quien sustrae, confisca o se queda con el pago; pagar como pena correspondiente a una falta o yerro; o pagar como contraprestación equivalente a lo que se recibe.
Es mentira, como asegura la derecha, que los perceptores del salario mínimo en 2025 vayan a percibir menos renta que en 2024 como consecuencia del impuesto
Tales acepciones del “pago” se complementan en el código de la derecha con otras expresiones habituales, como “infierno fiscal”, “tajada fiscal” o “freír a impuestos”. Se trata de demonizar la contribución fiscal desde posiciones ideológicas y políticas partidarias de una fiscalidad reducida, un Estado minorado y una sociedad desigual e injusta.
Desde posiciones progresistas cabe hablar de la “contribución” a la caja común, como obligación moral y legal de todos los ciudadanos, cada cual según sus capacidades, a fin de sostener los servicios y prestaciones públicas tendentes a garantizar los derechos y las libertades con carácter general. Además, así lo establece la Constitución en su artículo 31.
Esta dialéctica entre los impuestos como “pago” o como “contribución” está en la base de varios de los debates públicos en estos días.
La derecha busca “exenciones” al “pago” de los impuestos, también del impuesto sobre la renta, mientras que la izquierda ha de defender la “universalización” en la declaración de un IRPF progresivo, para que cada ciudadano “contribuya” a la caja común “de acuerdo con su capacidad económica”, como mandata la Constitución.
La derecha busca “exenciones” al “pago” de los impuestos, también del impuesto sobre la renta, mientras que la izquierda ha de defender la “universalización” en la declaración de un IRPF progresivo
Ante cada problema, necesidad o reto social, la derecha receta siempre bajadas de impuestos. Ante cada problema, necesidad o reto social, la izquierda defiende políticas públicas, regulación, prestaciones, servicios, infraestructuras. La derecha persigue suprimir o recortar los impuestos que se aplican sobre las rentas salariales, y sobre todas las demás. La izquierda defiende primero salarios justos. Después, impuestos justos también.
En el debate sobre el salario mínimo profesional hay un dato cuya relevancia debe subrayarse: durante los siete años de Gobierno de Pedro Sánchez, la cuantía del salario mínimo ha subido de 735 a 1.184 euros mensuales, en 14 pagas, más de un 60% de incremento. Jamás en nuestra historia subió tanto el salario mínimo legal como lo ha hecho en este tiempo. Ha subido tanto el salario mínimo, que ha dejado de ser una percepción de mera subsistencia para convertirse en una renta digna. Y ha de subir más, hasta llegar al 60% del salario medio.
En realidad, la aplicación del principio también constitucional de la “progresividad” fiscal dispensa de la contribución al IRPF a la inmensa mayoría de los perceptores del salario mínimo. Tan solo uno de cada cinco contribuyentes, fundamentalmente aquellos que carecen de cargas familiares, están obligados por ley a una magra contribución positiva. Así ocurre, de hecho, también, en países de nuestro entorno como Francia, Alemania o Países Bajos.
La aplicación del principio también constitucional de la “progresividad” fiscal dispensa de la contribución al IRPF a la inmensa mayoría de los perceptores del salario mínimo
Es mentira, como asegura la derecha, que los perceptores del salario mínimo en 2025 vayan a percibir menos renta que en 2024 como consecuencia del impuesto. Falso. Lo que es cierto es que con la ley del IRPF que dejó en vigor el último gobierno del PP, los perceptores de salario mínimo hubieran tenido que contribuir hoy a Hacienda con una cantidad catorce veces superior a la vigente.
El debate sobre la fiscalidad justa es un debate distinto al de la subida del salario mínimo. El gobierno progresista ya ha adoptado decisiones para que contribuyan más quienes más ganan, quienes más tienen y quienes más esconden. Y para que contribuyan menos aquellos que menos ganan, menos tienen y más necesitan.
El debate político tiene mucho de competición, a veces. Pero la competición interesante para la gran mayoría no es la de quién baja más los impuestos. Sino la de quién sube y mejora más el salario mínimo, las prestaciones sociales, los servicios públicos y las infraestructuras que benefician a todos y a todas. Con una fiscalidad justa.