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La actual política educativa está provocando graves consecuencias. Y está actuando en dos frentes: por una parte, desarrollando diferentes procesos de mercantilización y privatización de la enseñanza, tanto por vía de precarizar la enseñanza pública, como a través de medidas de apoyo descarado al sector privado, en su mayoría bajo control ideológico de la Iglesia católica. Y por otra parte, manteniendo en los centros escolares a personas designadas por obispos, con la misión de, además de impartir clases de religión, cristianizar a la comunidad educativa y hacer proselitismo religioso. A todo ello habría que añadir la entrada en los centros de personas de religiones minoritarias, también con fines de adoctrinamiento. Junto a la promoción de las concepciones neoliberales de la economía y de la sociedad, se han retomado elementos nunca abandonados del nacionalcatolicismo, haciéndose eco de las presiones de la Conferencia Episcopal, que para no renunciar a sus privilegios, se ampara en el Concordato franquista de 1953 y los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede de 1979. Todo ello conlleva un doble grave perjuicio para el alumnado que, por un lado, es segregado por motivos ideológicos, desde edades muy tempranas, vulnerando diversos convenios de la infancia y, por otro lado, también es segregado por motivos económicos y sociales. La mercantilización/privatización de la enseñanza está ahondando en las diferencias entre el alumnado, como consecuencia de un sistema educativo selectivo e injusto y cada vez más elitista.
Para garantizar la plena laicidad de la enseñanza:
Hay que sacar la religión confesional de la enseñanza, de forma inmediata.
No financiar —con dinero público— el adoctrinamiento religioso en ningún centro escolar.
Potenciar la red pública de enseñanza, como fundamental para vertebrar el derecho a la educación de todos y todas, evitando —de forma progresiva— la desviación de fondos públicos hacia intereses privados de todo tipo.
Y sobre todo, para que se pueda implantar de una manera real, hay que derogar los acuerdos con el Vaticano, por constituir la base “legal” de los privilegios que sigue reclamando la Iglesia, especialmente dentro del sistema educativo y, al mismo tiempo, haberse producido un progresivo rechazo social y político a sus contenidos antidemocráticos. De igual forma, deberá procederse a la anulación de acuerdos con otras confesiones en los que se establece la posibilidad de impartir religión.
La Constitución, aprobada en 1978 y refrendada por el pueblo español, en su artículo 16, habla en su apartado: “que ninguna religión tendrá carácter estatal”, lo que indica que el Estado español es aconfesional constitucionalmente, por lo tanto, es necesario que la religión salga de la escuela, y “prudente” pedir que los escolares no sean matriculados en ninguna religión en el ámbito de la enseñanza, y menos en la escuela pública. La escuela ha de servir para aprender, desarrollar capacidades, incluir y no segregar, no discriminar por motivos de raza, sexo, religión, opinión… Las religiones incrustadas en la enseñanza provocan la segregación del alumnado desde los tres años, en función de las convicciones de sus padres y madres o de sus entornos fuera de la escuela. Las cuestiones dogmáticas, la segregación de conciencia, vulnera el derecho a la libre conciencia de los menores. Por ello, hay que seguir oponiéndose a cualquier ley de la enseñanza, venga del partido que venga, donde se incida en la partición de una religión confesional en la enseñanza. Existen muchas razones para no matricular a los menores en ninguna religión, pero entre todas ellas, me gustaría hacer hincapié y que reflexionemos juntos en estas siete:
Las religiones provocan la segregación del alumnado en función de las creencias de sus familias, vulnerando el derecho a la libertad de conciencia.
Elimina horas lectivas de otras materias.
Hay contenidos del adoctrinamiento y proselitismo religioso que entran en contradicción con la razón, la ciencia y con derechos humanos, como la libertad de orientación sexual y la libertad de las mujeres o el origen de la vida y del universo, entre otros.
La educación en igualdad de los menores no es compatible con algunos de los dogmas religiosos, en donde la mujer es subordinada, dentro del modelo de sociedad patriarcal que fomentan.
Los dogmas religiosos van en contra del pensamiento crítico y de la autoridad personal.
Las personas que imparten la materia de religión son designadas por los obispados y otros jefes religiosos, en base a su fe y cumplimiento de su doctrina, financiándose con dinero público en el caso de la religión católica.
El proselitismo y difusión de la doctrina religiosa se debe hacer en los lugares de culto o en otros ámbitos. Los centros de enseñanza deben servir para aprender y no para creer.
Es importante recalcar al lector de este artículo que el Tribunal Constitucional, en su día, resolvió que una materia con sus contenidos y como alternativa a la religión, no era posible en la escuela, porque se discriminaba a los escolares cuyos padres y madres eligieran religión. Esta es una de las pruebas más contundentes de la ilegitimidad absoluta de que se imparta una religión y una alternativa en horario lectivo.
En estos días se está procediendo en muchas autonomías a la prescripción de los niños y niñas de tres años en los centros públicos, concertados y privados para el curso 2025/2026. Ante ello, y con lo que cada uno piense, y el respeto a esos pensamientos y a la libertad que tienen los padres y madres de inscribir a sus hijos a un determinado centro, está claro que la inscripción en un centro público, desde mi punto de vista y como profesor que fui durante 40 años, es que deberíamos exigir que la religión no estuviese en la escuela y, ya que la religión continúa en nuestros centros públicos, debido sobre todo al concordato y a los acuerdos con el Vaticano, debemos matricular a nuestros hijos en lo que actualmente es la materia alternativa a la religión. Con esta materia se aprende a pensar, con profesorado seleccionado por méritos y competencias educativas, y que han accedido al conocimiento crítico aportado por la ciencia, como objetivo primordial de la educación y sin adoctrinamiento. Porque a través de esta materia se reciben contenidos sobre los seres humanos, la vida, la muerte… de acuerdo con los derechos humanos y los avances científicos. Es la materia que se aprende juntos, sin discriminación, crea lo que crea cada uno; los contenidos son comunes para la convivencia solidaria en una sociedad plural en la que convivimos. Es una materia en la que se ejercitan los valores cívicos y da a conocer los avances sociales recogidos en las leyes: divorcio, papel de la mujer, identidades sexuales, salud…
Por eso, y porque pienso que hay que contribuir a que las aulas sean el espacio del conocimiento y no de las creencias —puesto que estas ya tienen su espacio en los templos, iglesias, mezquitas…—, es importante que nuestra decisión sea matricular a nuestros hijos en los colegios públicos que promuevan valores sociales y cívicos, con todo el respeto a los que piensen lo contrario.
Por último, indicar que mi “oposición” a que se imparta alguna confesión en los centros educativos es porque supone una grave vulneración del artículo 16.2 de la Constitución de 1978, como he indicado anteriormente, y que dice: “Nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias” y también sobre varios convenios sobre los derechos de la infancia y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ratificados por el Estado español. Solo me queda indicar que, por el derecho de libertad de conciencia, en cualquier momento del curso un menor puede cambiar y dejar la materia de religión si así lo consideran los padres y el centro acepta dicho cambio.
