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La asociación Defiéndete en Derecho se solidariza con el fiscal general del Estado, on Álvaro García Ortiz
La asociación Defiéndete en Derecho –recientemente constituida por decenas de personas procedentes de diversos sectores de la sociedad civil– ha expresado su solidaridad con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha lanzado una campaña de firmas desde su web.
En el comunicado, la asociación denuncia “la deriva prolongada de la Justicia que afecta a la confianza y credibilidad de uno de los pilares básicos del Estado de Derecho”, así como la “reiterada politización y paralización de órganos e instituciones esenciales para la istración de justicia”, en lo que califican como “una abusiva utilización de los tribunales en cuestiones propias del ámbito político”.
El Tribunal Supremo ha abierto una causa contra García Ortiz, por presunta revelación de secretos. La investigación se centra en la supuesta filtración de correos electrónicos relacionados con un caso de fraude fiscal que involucra a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Se examina si García Ortiz, junto con la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, difundió información reservada que pudo haber afectado el derecho a la defensa del investigado. Frente a estas imputaciones, el fiscal general ha defendido su actuación, afirmando que la nota de prensa emitida fue necesaria para desmentir un bulo y negando haber filtrado correos.
Según expresan, “la intromisión constante y progresiva de órganos judiciales en las funciones y tareas del parlamento”, puede llegar a “conducir a situaciones en las que cualquiera se puede llegar a ver, no solo concernido, sino implicado”, y recalcan la necesidad de participar en la defensa cívica del Estado de Derecho y de sus garantías jurídicas constitucionales.
Defiéndete en Derecho critica, además, el tratamiento de un “secreto revelado, en primer lugar, por un obligado tributario” que –tras haber comunicado públicamente una supuesta negociación con la fiscalía en el marco de un conflicto con Hacienda y Justicia– habría dejado de ser secreto. “Resulta difícil comprender que todo ello pueda transformarse en una imputación al máximo representante de la fiscalía general del Estado por haber desmentido determinadas informaciones falsas sobre el secreto revelado”, afirman.
La entidad lamenta también “el impacto mediático y político permanente de presiones para conseguir la dimisión” de García Ortiz, advirtiendo que tal presión transforma la defensa de la verdad en “un galimatías procesal impropio del principio esencial del derecho penal”, cuyo único fin debe ser la búsqueda material de la verdad. En sus propias palabras, “la verdad, como la justicia, no pueden ser objeto de oscuras manipulaciones mediáticas, políticas o procesales”, ya que ello desvirtúa los valores éticos y la protección de los derechos constitucionales emanados de la voluntad popular.
Fiel a estos principios, la asociación concluye su comunicado expresando: “Queremos solidarizarnos con el fiscal general del Estado, Don Álvaro García Ortiz, deseándole perseverancia y continuidad en el desempeño de sus funciones.”
Asimismo, invita a toda la ciudadanía que comparta estos valores a firmar el pliego de apoyo que han abierto en la web de la asociación.
