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La decadencia social es un término que se refiere a la disminución o declive de una sociedad en términos de valores, normas, leyes y otros aspectos culturales. Durante la época del Barroco, que se extendió desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII, hubo varios factores que contribuyeron a la decadencia social en Europa y en América Latina, entre ellos, la duda en la justicia. En España ha resucitado hogaño el barroco juez Villarroel con inoportunidad histórica, quien encarceló a Cervantes y a su familia incumpliendo su obligación de juzgar por hechos y no por sospechas o apreciaciones personales. Como afirma el biógrafo cervantino Ramón de Garcíasol, el proceso llevado a cabo por Villarroel revela una mala intención refinada pues el juzgador toma como hechos las palabras viperinas de comadres brujas y resentidas.
Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, el mismo que filtró a la prensa que la Fiscalía quería llegar a un acuerdo con Alberto González Amador; Miguel Ángel Rodríguez, quien amenazó a una periodista de eldiario.es con triturar su medio, como un oráculo griego, sabía que el Tribunal Supremo imputaría al fiscal general del Estado. "Mañana toca el fiscal ese del Sanchismo. Vais todos pa’lante”, escribió en su cuenta en la red social X. Por saber, sabía que “a esta hora: Begoña va pa’lante; el hermano va pa’lante; Koldo va pa’lante; el fiscal general del Estado va pa’lante; y Ábalos va muy pa’lante... Sánchez está terminado”, escribió el 24 de septiembre. “Pa’lante”, la misma expresión que ha escogido la presidenta de la Comunidad de Madrid para valorar la noticia: “Y el fiscal general del Estado también va pa’lante”, ha escrito Ayuso también en X.
Cuando la ciudadanía percibe cierta inapropiada connivencia entre la política, ciertos medios de comunicación y la justicia, el deterioro democrático es evidente
Tanta frivolidad y pensamiento evanescente en elementos tan sensibles para la convivencia democrática como la justicia y su desviación política debería atemorizarnos a todos pues supone una inseguridad individual y un grave deterioro del Estado de derecho, ya que la misma democracia se convierte en algo inexequible. Decía el cardenal Richelieu: “De diez líneas escritas por el hombre más honrado y encontraré cinco motivos para hacerlo ahorcar.” Richelieu, como tantos otros, conocía ya el “fishing expedition” contra el investigado. Empero, la falta de conducta judicial deshace el tejido de lo que es necesario para un poder judicial funcional: ciudadanos que crean que sus jueces son justos e imparciales. El poder judicial no puede existir sin la confianza y la fe de las personas. Más que ninguna otra rama del Estado, el poder judicial se erige sobre los cimientos de la confianza pública: los jueces no dirigen ejércitos de fuerzas policiales, no tienen poder sobre el presupuesto para financiar iniciativas y no pueden aprobar leyes. En cambio, dictan sentencias a partir de la ley. Sentencias que las personas deben creer que provienen de oficiales judiciales competentes, legítimos e independientes.
Cuando la ciudadanía percibe cierta inapropiada connivencia entre la política, ciertos medios de comunicación y la justicia, el deterioro democrático es evidente. Existe una constatable osadía en algunas actuaciones judiciales con consideraciones más políticas que jurídicas, siempre amparadas en una interesada protección gremial. Deberían entender los que deben entender en estos asuntos que una oposición a un gobierno mediante decisiones de togas con el aliento de la derecha y asociaciones ultraderechistas es una involución democrática de tal envergadura que puede periclitar la débil democracia del régimen del 78. “Begoña va pa’lante; el hermano va pa’lante; Koldo va pa’lante; el fiscal general del Estado va pa’lante; y Ábalos va muy pa’lante... Sánchez está terminado”, Después de esto la democracia está en la almoneda.
