Las eurodiputadas Ana Miranda (BNG) y Maria Badia i Cutchet (PSC) junto con los eurodiputados Raül Romeva i Rueda (ICV), Raimon Obiols i Gema (PSC) y Luís Yañez- Barnuevo Garcia (PSOE) enviaron una malformación del feto como causa para interrumpir el embarazo.
Explican en su carta que si bien "se desconoce el texto de la reforma anunciada, queda claro que se eliminará en los supuestos de aborto los casos de malformación del concebido. Todo ello fundamentado en creencias morales y éticas, sin justificación científica"
Los y las eurodiputadas explican en su carta que si bien "se desconoce el texto de la reforma anunciada, queda claro que se eliminará en los supuestos de aborto los casos de malformación del concebido. Todo ello fundamentado en creencias morales y éticas, sin justificación científica". Ana Miranda y Raül Romeva, también de la Comisión de Mujeres del Parlamento Europeo, identificaron la propuesta como "un claro retroceso en materia de los derechos de las mujeres que deja a miles de ciudadanas y profesionales de la sanidad en una situación de inseguridad jurídica que se verán obligadas a realizar abortos clandestinos, poniendo en riesgo la salud y la vida de muchas mujeres."
Todos coincidieron que la propuesta significará "la institucionalización de la violencia contra las mujeres, que pueden sufrir daños irreversibles en su salud física y psicológica por ser obligadas a no interrumpir su embarazo".
En Europa sólo existen leyes de supuestos sobre el aborto al mismo nivel que Polonia, Malta o Irlanda. Pero la interrupción voluntaria del embarazo forma de la mayoría de los estados de la UE y el Parlamento Europeo ya recomendó a los gobiernos a considerar las enormes desigualdades entre las mujeres europeas en el a los servicios de salud reproductiva, a la anticoncepción y a la interrupción voluntaria del embarazo en función de sus ingresos, su nivel de renta o el país de residencia. Los eurodiputados y diputadas apelaron a esta resolución y al compromiso de la UE en el Tratado de Lisboa para crear un espacio común de libertad, seguridad y justicia para que la Comisaria Reding se interponga delante de la propuesta de Gallardón e impida este retroceso.
