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Una vez más, las derechas han fracasado en la estrategia de castigar a la mayoría social para debilitar al Gobierno de PSOE y Sumar. El Gobierno aprobó, el 23 de diciembre, el Real Decreto-ley 9/2024 de medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte y de Seguridad Social, que debía ser convalidado antes de 30 días en el Congreso. Sin embargo, fue rechazado por el Pleno del Congreso del 22 de enero, ya que obtuvo 177 votos en contra, correspondientes a los grupos parlamentarios de Junts, Partido Popular (PP) y Vox, por 171 a favor y una abstención del resto de grupos. El derogado Decreto-ley, entre sus medidas sociales, establecía las subidas de las pensiones para 2025 y prorrogaba el escudo social, puesto en marcha desde principios de 2022, ante los efectos globales que tienen las guerras en Ucrania y en Oriente Medio.
La solución la ha dado el Gobierno progresista en cinco días, pues el martes 28 de enero el Consejo de ministros aprobó un nuevo real decreto-ley ómnibus, que recupera la práctica totalidad de los contenidos sociales que tenía el decreto rechazado en el Congreso
Las derechas decidieron tumbar el denominado decreto ómnibus, que entre otras medidas, recogía las siguientes de carácter social para 2025: la subida general de las pensiones contributivas del 2,8%, un aumento del 6% para las pensiones mínimas y un incremento del 9% para las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV); la prórroga del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta que se apruebe el de 2025; prorrogar los descuentos en el transporte público; prohibición del corte de suministros de luz y agua y de los desahucios a las personas vulnerables; ayudas para las zonas afectadas por la DANA de octubre, o la financiación para la reconstrucción en la isla de La Palma por los daños ocasionados por la erupción del volcán en 2021.
Esta decisión de los partidos de derechas de rechazar estas medidas sociales tiene consecuencias inmediatas para los diez millones de pensionistas y los dos millones de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que, si bien en este mes de enero han cobrado los incrementos previstos para 2025, si no se produce un acuerdo en el Congreso, en febrero verán recortadas sus prestaciones a las cuantías que percibían en diciembre de 2024. Además, las 20 millones de personas usuarias del transporte público perderán los descuentos y abonos que recibían. También los 1,6 millones de personas beneficiarias del bono social eléctrico y las decenas de miles de personas vulnerables protegidas por la moratoria antidesahucios quedan totalmente desamparadas.
Desde las asociaciones de pensionistas, los sindicatos y organizaciones sociales han manifestado que todas las materias que estaban incorporadas en el Decreto-ley son imprescindibles y exigen reactivar con urgencia las medidas sociales aprobadas en diciembre por el Gobierno progresista. Consideran que el número total de afectados por la anulación del decreto ómnibus es amplísimo y las ayudas anuladas son vitales para el día a día de muchas familias. Y es que el aumento del ingreso mínimo vital y de la pensión, el bono eléctrico o el descuento en el abono transporte son imprescindibles para que muchos hogares puedan adquirir bienes básicos, calentar su casa o evitar ser desahuciados.
El presidente del Gobierno ha valorado que, con el acuerdo alcanzado, se garantiza subir las pensiones y mantener el escudo social, pues tiene el apoyo de una mayoría parlamentaria suficiente.
PP y Junts, ante el malestar e inquietud provocado a los pensionistas y demás afectados, han intentado justificar su voto en contra en una serie de argumentos -como que se defiende la ocupación de viviendas, que se sube el IVA de la electricidad y los alimentos o por la devolución al PNV de un palacete en París- que no se ajustan para nada a la realidad de las medidas aprobadas por el Gobierno progresista y que, por tanto, no sostienen los motivos para rechazar el decreto ómnibus. Por su parte, la ultraderecha de Vox ha afirmado que votaba en contra de subir las pensiones y el mantenimiento del escudo social para no apoyar al Gobierno, considerando “que no tiene capacidad de gobernar, es un Gobierno que está muerto”.
Las confederaciones sindicales de las COOO y de UGT han manifestado su reprobación al 'no’ de Junts, PP y Vox en la votación del decreto, comportamiento que han tildado de “oportunismo político” y que, en su opinión, tendría “elevadísimos costes” para la mayoría de la ciudadanía. Entienden que supone “una agresión sin precedentes” a la mayoría social y, especialmente, a las personas vulnerables, a la clase trabajadora y las clases populares en general. Ambos sindicatos han convocado movilizaciones para el domingo 2 de febrero en toda España, para denunciar la anulación de todas las medidas, el recorte de la protección social y de la financiación de la Seguridad Social, a la vez que exigen al Gobierno progresista la aprobación, a través de la figura del Real Decreto-ley, de un nuevo paquete de medidas y su convalidación posterior por parte del Congreso.
Paradójicamente, los grupos parlamentarios de derechas en el Senado reclaman al Gobierno la presentación de proposiciones urgentes, por separado, para las pensiones, las ayudas al transporte y la DANA. Dejando fuera el resto de medidas sociales recogidas en escudo social, como la prohibición de los desahucios de las personas vulnerables o el bono social eléctrico. Por el contrario, el Gobierno de PSOE y Sumar durante estos días ha afirmado que estaban trabajando para solucionar los efectos negativos de la actuación de las derechas y poder garantizar la subida de las pensiones, bajar los precios del transporte público y la aprobación del resto de medidas sociales.
La ultraderecha de Vox ha afirmado que votaba en contra de subir las pensiones y el mantenimiento del escudo social para no apoyar al Gobierno, considerando “que no tiene capacidad de gobernar, es un Gobierno que está muerto”
Sin embargo, la solución la ha dado el Gobierno progresista en cinco días, pues el martes 28 de enero el Consejo de ministros aprobó un nuevo real decreto-ley ómnibus, que recupera la práctica totalidad de los contenidos sociales que tenía el decreto rechazado en el Congreso y, además, el Gobierno ha anunciado la elaboración de un nuevo decreto-ley con las medidas económicas y fiscales del anterior, siendo todo ello resultado de las negociaciones desarrolladas con Junts y los otros grupos. Junts confirmaba el acuerdo alcanzado con el PSOE y la tramitación de la cuestión de confianza en el Congreso como una proposición no de ley (PNL). El presidente del Gobierno ha valorado que, con el acuerdo alcanzado, se garantiza subir las pensiones y mantener el escudo social, pues tiene el apoyo de una mayoría parlamentaria suficiente.
