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EXPONEN
Que ya no soportan oír hablar de ese engendro que se autodenomina “vivienda turística”. Porque, aunque se pueda vivir en ella durante más o menos tiempo, si la vivienda es turística no es vivienda y si es vivienda no es turística. También se vive en la selva, en el desierto, en la calle o en la cárcel y a nadie se le ocurre (aunque van por ese camino) ponerles adjetivos chorras a ese tipo de residencias, que no son otra cosa que un mero trampantojo de una ilegalidad consentida por las istraciones públicas competentes.
Que, si la ley del suelo, los planeamientos urbanísticos legales en vigor, las ordenanzas municipales y el sentido común hablan de viviendas residenciales, no pueden ser otra cosa que eso. Y lo que está prohibido no se puede legalizar ni autorizar sin cambiar todas esas leyes, normas y ordenanzas legales. A no ser que, eufemismo tras eufemismo, legalicen, por la puerta de atrás, esas ilegales “viviendas turísticas”, “regularizándolas”, con lo que esas istraciones, competentes nada más que sobre el papel, tienen la desfachatez de dividir esas viviendas turísticas en legales e ilegales.
Solo en el distrito Centro de Madrid la oferta ilegal de hospedaje en viviendas no calificadas supera las 40.000
Que, por tanto, recibimos con estupor la última “idea” de gravar fiscalmente una actividad ilegal con un IVA del 21%, sin proceder a determinar la previa modificación legislativa que ello acompaña; por cuanto un impuesto a la actividad lucrativa, productiva y comercial se aplicaría “de facto” a un uso urbanístico prohibido para ello.
Que, en definitiva, una vivienda turística es una modalidad más de lo que siempre se ha llamado instalación hostelera, junto con un hotel, motel, hostal, pensión o casa de huéspedes, instalaciones, todas ellas, que las legislaciones urbanísticas consienten en suelos calificados de formas distintas que el residencial.
Que, solo en el distrito Centro de Madrid, en el que, conforme al censo municipal por el concejo publicado, hay 83.000 viviendas, la oferta ilegal de hospedaje en viviendas no calificadas para ello, que se publica en redes, supera las 40.000. Sin contar las viviendas vacías en tránsito de convertirse en eso. Todo ello, de tal modo que, en ese distrito, la pobre, y escasa, vivienda, goza de menos protección que un lince en el Parque de Doñana.
Por lo que, a riesgo de parecer unos sujetos extremistas,
PROPONEN
Primero. Que se cumpla la legislación nacional, comunitaria y municipal en relación con el uso del suelo residencial, sin subterfugios regulatorios que dificulten el mandato constitucional del derecho a la vivienda para los habitantes de España, sujetos naturales de nuestra Constitución. Ello llevaría a prohibir la utilización de viviendas para fines turísticos.
Con objeto de facilitar la industria del turismo, fundamental para la economía de nuestro país, se deberían construir miles, o millones, de “viviendas turísticas”, o cualquier otra instalación con destino a alojar huéspedes foráneos, pero en suelos calificados para ello, exclusivamente.
Segundo. Para que se produzca eso de cumplir la ley y hacer que se cumpla, ayuntamientos como el de Madrid deberían impedir la existencia de esas “viviendas turísticas” usando del monopolio de la violencia que le otorga el estado de derecho, como nos dejó dicho Kelsen. Eso, se haría activando patrullas de policía municipal urbanística para precintar, por uso fraudulento como hospedaje, más del 50% de las viviendas calificadas como residenciales solo en el distrito centro de Madrid. Al igual que hacen, sin reparo alguno, a aquellos comercios o empresas en que sus locales carecen de Licencia de Actividad Municipal.
Sería curioso ver como los paladines de “el pueblo salva al pueblo” forman batallones de mercenarios a sueldo para defender los “derechos” de propietarios que incumplen las leyes
Podrían acompañar a esas “patrullas de defensa de la vivienda residencial” los propios concejales del gobierno o, en su incomparecencia, los de la oposición. Si acaso nos fueran a decir que está prohibido prohibir, u otros descubrimientos metafísicos similares, proponemos que se declaren incapaces de abordar el problema y dejen de darnos la lata con nuevos “ordenamientos jurídicos” para seguir mareando una perdiz, que hace tiempo voló.
Tercero. Que, para el caso de que no se acepten las dos propuestas anteriores, se “regule” (ya que de ilegalidades “reguladas” se trata) la ocupación de “viviendas turísticas” utilizadas ilegalmente como hospedajes. De esta forma, se trataría de convocar a la ciudadanía al grito de “el pueblo urbano salva al pueblo urbano” y proceder a dar sentido al mandato constitucional reconociendo el derecho a la vivienda de ciudadanos que necesitan residencias.
Se trata pues de ser solidarios con las gentes que actuarían legalmente conforme a la Constitución y al Plan General de Urbanismo de su localidad que estarían a su vez procediendo, ante la omisión de quienes tienen la responsabilidad de obligar, a rescatar de la ilegalidad y la especulación inflacionista del uso ilegal de las viviendas residenciales. Restituiría, así, y por la misma vía de hecho de quien incumple, a que ese derecho regulado y calificado para esas viviendas se mantenga y se le exija a los poderse públicos que hagan cumplir la ley, so pena de delito de prevaricación pasivo y consciente.
Se trataría de un “tsunami” mediático bien interesante. Sería curioso, entonces, ver como los paladines de “el pueblo salva al pueblo”, encuadrados en tareas de Desokupa, forman batallones de mercenarios a sueldo para defender los “derechos” de propietarios que incumplen flagrantemente las leyes. Organizaciones “solidarias” que tienen la protección, incluso, de sindicatos policiales ultras o partidos políticos que nos abruman con su defensa de la Constitución española, menos en algunas cosas, como por ejemplo esto de la vivienda y su encarecimiento inflacionista y especulativo. Que no tiene muertos que ofrecer a la plebe, pero si víctimas sociales en cantidad. Aunque, aquí, estos “ultraliberales”, tan radicales ellos, no creemos que se apunten. Tan dedicados como están a “okupar Ferraz”.
Cuarto. Solicitar, mientras ocurre lo anterior, un periodo de carencia a todos los partidos políticos para que dejen de bombardearnos con cifras imposibles de cumplir sobre cantidades de viviendas, cual tierra prometida, a cuatro años vista de una legislatura y sin especificación presupuestaria al menos cuatrianual. Sobre todo, cuando se desconocen los datos de la infraestructura residencial construida disponible, las viviendas efectivamente vacías susceptibles de entrar en el mercado y las necesidades reales de vivienda sobre el dónde, el cómo y para quien. También, que dejen de confundir “viviendas públicas” con viviendas protegidas y nos ahorramos la posible interpretación etimológica del adjetivo, cuando, a continuación, se habla de viviendas “con algún grado de protección”.
Por lo que, desesperanzadoramente, ya que sabemos que estas peticiones no servirán para nada más que para quedarnos tan a gusto practicando el derecho, no sabemos si constitucional, al pataleo y, desde luego, sin ningún respeto para quien no es merecedor de ello
SUPLICAMOS O, MAS BIEN, EXIGIMOS
Que, de una puñetera vez, se llame al pan, pan, al vino, vino y a las “viviendas turísticas”, timo urbanístico, social y fiscal.
En Madrid, a 12 de noviembre de 2024.
