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Nadie dirá estar en desacuerdo expreso con el título de esta pequeña reflexión, por supuesto, otra cosa es cuando se observan de cerca determinadas prácticas de las relaciones laborales o algunas opiniones que, sin cuestionar directamente aquella afirmación, la contradicen en mayor o menor medida. Viene esto a cuento de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha lanzado la idea de reformar la incapacidad temporal para hacerla más “flexible”, para lo cual sugiere que de manera “voluntaria” las personas trabajadoras puedan incorporarse al trabajo de forma parcial mientras siguen en situación de IT. La CEOE rápidamente se ha mostrado favorable mientras que los sindicatos la han rechazado de forma frontal, lo mismo que ha hecho el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Cierto es que la propuesta es un tanto vaga y, tal vez por ello, pronto se hicieron matizaciones desde el Ministerio que la impulsó, pero hasta ahora no se ha ofrecido una versión detallada de los cambios sugeridos.
Es inevitable pensar que lo que late en el fondo de esta propuesta es luchar contra el absentismo, aunque no sea ese el propósito expreso y directo de la propuesta. No se puede pasar por alto que los medios de creación de opinión desde hace tiempo vienen expandiendo la especie de que la IT es una de las causas principales del absentismo, en especial cuando esta situación se prolonga en el tiempo, lo que dicen es cada vez más frecuente. Precisamente en estos días algunos de esos potentes medios han dado voz a destacados responsables de departamentos de recursos humanos de grandes empresas y dirigentes de patronales para quejarse de que las personas trabajadoras en IT desordenan la organización del trabajo y merman gravemente la productividad. Son opiniones que no se entienden muy bien pues las empresas tienen a su disposición el contrato temporal para sustituir a las personas en baja por tener la salud alterada, un contrato más atractivo para las personas trabajadoras sustitutas cuando la situación de IT se prolonga.
Por una enfermedad banal, aunque precise algún tipo de asistencia sanitaria, no se abandona el trabajo de forma generalizada
Se argumenta que la actual regulación establecida en el art. 169 LGSS es en exceso rígida al exigir que la alteración de la salud imposibilite el trabajo y precise asistencia sanitaria, ya que los procesos productivos han cambiado mucho al igual que las patologías y la asistencia sanitaria. La verdad es que estas últimas afirmaciones son bastante cuestionables porque vienen a ser medias verdades. Por una enfermedad banal, aunque precise algún tipo de asistencia sanitaria, no se abandona el trabajo de forma generalizada.
En este debate habría que empezar por establecer ciertas premisas que son fundamentales. La primera es que en la relación de trabajo la diferencia de poder entre las partes (algo bien conocido) cuestiona que la voluntariedad de las personas trabajadoras sea inmaculada. El derecho del trabajo tiene su impronta, frente al civil y a pesar de la moda de la flexibilidad, en la limitación de la autonomía de la voluntad. Es de sobra conocida la alta frecuencia con que las personas trabajadoras aceptan condiciones de trabajo potencialmente peligrosas para su integridad física y moral, para su salud, aún a sabiendas.
En segundo lugar, hay que tener muy presente que la salud, siendo la polaridad dinámica de la vida, es un valor esencial para la dignidad humana protegido al más alto nivel constitucional (arts. 10.1, 15, 40.2, 43.1 CE) y, en consonancia con ello, desde antiguo la LGSS (art. 123.1) y con posterioridad la LPRL (art. 15.1 d) establecieron el principio de la adaptación del trabajo a la persona. Este es un punto particularmente importante porque la organización del trabajo es un terreno en el que los empresarios raramente dejan que los sindicatos o la representación de las personas trabajadoras entren a disputarles ese poder. La democratización de la empresa prevista en el art. 129.2 CE hasta ahora no ha dado pasos adelante en esta materia como en otras. La protección de la salud exige ya que la participación de las personas trabajadoras sea efectiva en la organización del trabajo, lo que conlleva a una visión de conjunto de la IT. El quebranto de la salud tiene en el trabajo, aunque no solo, una causa importante. Las largas jornadas de trabajo, los ambientes insalubres, las presiones psicosociales, etc…no pueden ser dejados de lado cuando se aborda la reforma de la IT y ahí la participación de los representantes de los trabajadores en la organización del trabajo, más allá de lo previsto en la LPRL, es, indudablemente, esencial. La salud de las personas trabajadoras está muy por encima de la productividad.
El enfoque adecuado de una reforma de la IT debe incluir una revisión de la asistencia sanitaria gestionada por las CCAA
A favor de la incorporación progresiva al trabajo de forma parcial se aduce que las patologías hoy pueden ser largas y el tratamiento ofrecido por los servicios de salud públicos en consecuencia será, así mismo, largo, pero, hay que añadir, progresivamente exitoso. A pesar de ello el coste de la IT sigue en torno al 7,8% del conjunto de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social. Habría que argüir, además, que las patologías hoy no son muy distintas que las de hace unos años. Una enfermedad oncológica, que se suele poner como ejemplo, es la misma, lo que ha cambiado es el mayor éxito del tratamiento sanitario, pero eso no implica que sin desaparecer la enfermedad sea conveniente la vuelta al trabajo cuando haya una mejoría. Los largos periodos de duración de la IT pueden ser debidos tanto a las características de la enfermedad como a la deficiente atención de los servicios de salud plagados con frecuencia de escandalosas listas de espera para determinados actos sanitarios. Por ello el enfoque adecuado de una reforma de la IT debe incluir, de modo prioritario, también una revisión de la asistencia sanitaria pública hoy gestionada por las Comunidades Autónomas, muchas de las cuales con sus políticas barrenan la sanidad pública para favorecer a la privada con las consecuencias deplorables que estamos viendo, como por ejemplo con la gestión de la IT.
Se ha indicado ya que el trabajo es una potencial fuente de agresiones a la salud, pero no es la única fuente, esto es obvio. La alteración de la salud está unida a la peripecia vital con causas que en multitud de ocasiones van más allá del trabajo. En este punto es inevitable hablar del papel de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales que, como es bien sabido, son entidades formadas por empresarios sin ánimo de lucro colaboradoras de la Seguridad Social que gestionan principalmente contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y las económicas derivadas de contingencias comunes. Ante el insatisfactorio funcionamiento de la sanidad pública al que se ha hecho referencia, en ocasiones se reclama una mayor intervención de las mutuas en la IT, también derivada de enfermedades o accidentes comunes. El asunto es delicado porque no hay que olvidar que por muy colaboradoras que sean de la Seguridad Social y del control al que están sometidas por el Ministerio correspondiente, en esencia no dejan de ser asociaciones mutualistas de empresarios que no pueden ahuyentar la sospecha de que en su actuación en determinados casos va a primar más la defensa de la productividad que la protección de la salud de las personas protegidas. Se aduce que una prueba de ello es la resistencia y el escaso reconocimiento que hacen de patologías oncológicas como derivadas del trabajo. Su calificación como comunes carga en el Sistema Público la atención sanitaria y las prestaciones económicas. Es raro que en comparación con otros países de nuestro entorno el reconocimiento de cánceres derivados del trabajo sea tan bajo.
Una reforma de la IT exige una mirada holística en una negociación con sindicatos y asociaciones empresariales, por lo que lo mejor sería que se retirase la actual propuesta dejando muy claro que la lucha contra el absentismo no puede hacerse a costa de la protección de la salud de las personas trabajadoras.
JOAQUÍN APARICIO TOVAR
Profesor emérito de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de Castilla La Mancha
Publicado en aedtss
