Necesitamos tu ayuda para seguir informando
Colabora con Nuevatribuna
En marzo de 2020 la pandemia generada por el virus SARS-COV 2, arribó de forma brutal a nuestro país y puso en jaque a un sistema sanitario público muy debilitado por los profundos recortes que las istraciones públicas habían llevado a cabo los años anteriores.
Los enormes esfuerzos de los profesionales sanitarios y trabajadores de servicios esenciales, así como los ingentes recursos económicos que, esta vez sí, se liberaron para poder afrontar la gravísima situación creada por el virus, no pudieron evitar sus consecuencias trágicas con un sobrecogedor número de fallecidos que no fue mayor gracias al confinamiento derivado de la entrada en vigor del estado de alarma.
La estructura territorial de nuestro país, con comunidades autónomas con competencias plenas respecto a sus sistemas sanitarios, llevó al gobierno de España a establecer que la cogobernanza era el procedimiento que podía garantizar las respuestas más eficaces para afrontar la crisis y así las comunidades autónomas conservaron prácticamente intactas sus competencias. Hoy casi cinco años después van apareciendo estudios realizados con rigor por profesionales expertos, que parecen mostrar que algunos territorios gestionaron la pandemia con mayores niveles de deficiencia.
En mi opinión la gestión de la pandemia llevada a cabo por el gobierno de la Sra. Díaz Ayuso fue irresponsable
He manifestado de manera reiterada en bastantes artículos en este mismo medio, mi opinión respecto a la gestión de la crisis generada por la pandemia por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por la Sra. Díaz Ayuso; a la fragilidad del sistema sanitario madrileño como consecuencia de los recortes llevados a cabo por los gobiernos del Partido Popular madrileño en los últimos veinticinco años y el casi total abandono de recursos para Salud Pública, se unió la incapacidad e ineptitud de los máximos responsables sanitarios del gobierno autonómico que demostraron no tener ningún PLAN para afrontar la gravísima situación creada por la pandemia y asimismo tomaron decisiones erróneas y contrarias a la opinión muy mayoritaria de los expertos.
En mi opinión la gestión de la pandemia llevada a cabo por el gobierno de la Sra. Díaz Ayuso fue irresponsable, priorizó confrontar con el gobierno de España en lugar de actuar con eficacia para minimizar las graves consecuencias de la pandemia. Los resultados conocidos posteriormente publicados por el Comité Europeo de las Regiones indicaron que la Comunidad de Madrid fue la región europea con mayor exceso de mortalidad por Covid 19 (un 44% más en 2020 que en el periodo 2016-2019).
La habitual política propagandística y mentirosa que el Partido Popular instauró en Madrid desde la llegada al gobierno regional de Esperanza Aguirre tras el TAMAYAZO desgraciadamente volvió a estar presente en los primeros momentos de la pandemia; la puesta en marcha del llamado hospital en IFEMA no sirvió más que para atender enfermos leves, sustraer personal sanitario de otros centros particularmente de la Atención Primaria, realizar un gasto ineficiente y en ningún caso para derivar pacientes desde las residencias de mayores que sí necesitaban ser atendidos y donde la pandemia estaba causando estragos.
Que 7.291 personas mayores muriesen en las residencias es el hecho más trágico en materia sanitaria sucedido en nuestro país
Es la gestión de la atención sanitaria a las personas mayores que vivían en las Residencias llevada a cabo por el gobierno Díaz Ayuso, lo que en mi opinión marca la diferencia entre lo que pueden considerarse como graves errores de gestión y lo que a mi juicio puede considerarse como grave negligencia en el desempeño de la labor de gobierno.
Que 7.291 personas mayores muriesen en las Residencias sin haber recibido la atención sanitaria adecuada, en condiciones absolutamente inaceptables por haber impedido su derivación a hospitales, significó entonces y sigue significando hoy, el hecho más trágico en materia sanitaria sucedido en nuestro país y ello se debió en mi opinión a una actuación negligente y deleznable de un gobierno en ejercicio.
La no medicalización de las Residencias de Mayores y la decisión de establecer los llamados PROTOCOLOS DE LA VERGÜENZA que en mi opinión no se basaban en criterios de la situación clínica individual de los residentes sino que discriminaban y excluían de las derivaciones a hospitales por edad, discapacidad e incluso por no tener un seguro privado, en realidad eran un triaje a distancia y colectivo de exclusión, que como profesional de la medicina no puedo compartir y que considero éticamente inaceptable.
No hay excusas, sólo las decisiones políticas tomadas por los responsables sanitarios del gobierno de Díaz Ayuso fueron determinantes de lo ocurrido
No caben excusas, no es cierto que en aquellas fechas estuviéramos en una situación equiparable a una de guerra como algunos quisieron transmitir, estaban intactos los centros sanitarios tanto públicos como privados, los profesionales sanitarios y conjunto de trabajadores del sector estaban operativos y dispuestos como así lo demostraron a hacer esfuerzos enormes a pesar de su escasez, había recursos primordialmente privados que no se utilizaron a pesar de permitirlo de manera inmediata el estado de alarma e incluso algunos públicos tampoco se utilizaron. No hay excusas, sólo las decisiones políticas tomadas por los responsables sanitarios del gobierno de Díaz Ayuso fueron determinantes de lo ocurrido en la Comunidad de Madrid.
Esta gestión negligente y quizá punible que el gobierno de la Sra. Díaz Ayuso llevó a cabo en las Residencias de mayores, no puede quedar en el olvido, los resultados derivados de ella fueron tan graves y trágicos que una sociedad democrática no puede consentir que se trate de inducirla hacia la desmemoria. La sociedad tiene derecho a saber que ocurrió , quien o quienes tomaron las decisiones que impidieron que nuestros mayores residentes tuviesen la atención sanitaria que necesitaban, necesita ver que se depuran las responsabilidades de todo tipo a que haya lugar, tiene derecho a exigir verdad justicia y reparación.
Los familiares de los residentes fallecidos sin recibir la asistencia sanitaria adecuada no permitiendo su derivación a los hospitales, se han organizado en varios colectivos(Marea de residencias, Asociación 7291, Verdad y Justicia para las Víctimas en las Residencias) que iniciaron de manera rápida una serie de acciones; presentaron escritos ante la Fiscalía, en muchos de ellos se archivaron las diligencias en mi opinión de forma apresurada, en algunos casos sin ar y conocer la opinión de las familias sobre lo ocurrido; otros casos siguen todavía vivos y es de esperar se escuche a las familias y a los trabajadores de las residencias que pueden aportar datos relevantes para poder iniciar procesos en sede judicial.
Lo sucedido en las residencias es de tal gravedad que exige una respuesta rápida, clara y transparente por parte de la Justicia
Recientemente familiares de 115 residentes fallecidos han presentado una denuncia colectiva contra altos cargos del gobierno de la Sra. Díaz Ayuso en aquellas fechas y asimismo contra los geriatras de veinticinco hospitales, acusando a todos ellos de un delito continuado de denegación de una prestación (en este caso la sanitaria) por motivos discriminatorios, delito tipificado en el artículo 511 del Código Penal.
Quienes confiamos en el Estado de Derecho, creemos que lo sucedido en las residencias de mayores madrileñas es de tal gravedad que exige una respuesta rápida, clara y transparente por parte de la istración de Justicia. En mi opinión hay derechos de los mayores que podrían haber sido lesionados y una sociedad democrática exige una absoluta clarificación de los hechos y las resoluciones que tras ello deban tomarse.
