Necesitamos tu ayuda para seguir informando
Colabora con Nuevatribuna
En uno de los ultimos artículos de Enric Juliana, titulado “La furia centralizadora” encuentro unas lineas referidas a las relaciones entre las grandes empresas inmobiliarias multinacionales y los gobiernos de las grandes ciudades europeas. Relaciones que afectan negativamente al contenido y finalidad prioritaria del urbanismo y al planeamiento urbano, como garantes del buen gobierno de la ciudad y la defensa de la igualdad social y la justicia espacial.
Las reproduzco aquí como referencia para mis propias opiniones: «Los informes de Mario Draghi y Enrico Letta, reclaman una mayor cooperación europea, pero existe una despiadada competencia entre los estados de la Unión para atraer inversiones transformadoras. Los grandes proyectos recorren las capitales buscando subvenciones, ayudas directas, suelo gratis, procedimientos rápidos y exclusivos, que eviten la pesada burocracia y los eternos plazos istrativos que sufren los empresarios tradicionales». En una subasta de la ciudad, quién dé más se apropiará de ella.
Aunque sea por pura supervivencia, aún creo en un urbanismo sustentado por la racionalidad y el compromiso social, capaz de prefigurar y mantener la esperanza movilizadora de una ciudad más justa y bella
"La inversión extranjera en España está en máximos históricos. El 54% se localiza en Madrid, el 12% en Catalunya y el 5.5% en el País Vasco”.
* * *
Palabras que requieren unas mínimas reflexiones sobre estas preferencias de localización de las grandes empresas “transformadoras” y sobre sus criterios para elegir la ciudad donde posarse, que no son otros que los mencionados por Juliana: «subvenciones, ayudas directas, suelo gratis, procedimientos rápidos y exclusivos, que eviten la pesada burocracia y los eternos plazos istrativos que sufren los empresarios tradicionales». Es decir, trato privilegiado por los gobiernos municipales (y otros más poderosos), libertad empresarial y connivencia del poder político, camuflado bajo la embaucadora fórmula de la “colaboración público-privada” en el proyecto y el desarrollo de sus operaciones inmobiliario-financieras, como bien hemos visto en la Operación Chamartín.
Es decir, desregulación del proceso de construcción de la ciudad, entregada como mercancía al poderoso imperio financiero inmobiliario, cuyo fin último es la privatización del patrimonio común de los ciudadanos. Operaciones siempre singulares y exaltadas como un bien para la ciudad, como un símbolo de modernidad, resilientes, inteligentes, ecológicas y feministas… Calificativos de moda que solo sirven como falso disfraz de una real mercantilización de la ciudad y privatización de su patrimonio público más preciado: el suelo. Una expoliación, que no una explotación razonable y razonada de los recursos de todo tipo que ofrece la ciudad.
Tratándose de Madrid, y teniendo en cuenta el sustento ideológico neoliberal del gobierno municipal, que se muestra evidente en cada paso de su gobernanza, el anuncio por el Alcalde del inicio de la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, un instrumento fundamental para estructurar el futuro urbanístico de la ciudad, para, ni más ni menos, que “planificar el Madrid de los proximos 30 años”, es una declaración cínica y un propósito desmadrado, ajeno a cualquier fundamento tecnico y político.
Ni siquiera la dramática DANA, hará pensar a nuestros gobernantes que las preferencias empresariales que señala Enric Juliana suponen el suicidio de nuestras ciudades
No gastemos energías en la redacción de un nuevo Plan de Ordenación Urbana, ni más dinero en retribuciones millonarias para “asesores y arquitectos estrella”, cuya finalidad será la de extender una alfombra por la que puedan pasearse, exponerse y competir las llamadas “inversiones transformadoras”. Mucho más rápido y más barato encomendar a un empresa financiero-inmobiliaria global, a un complaciente alcalde (o alcaldesa) y a un influyente político (o ministro) en el poderoso aparato estatal el futuro de las ciudad, al gusto del mercado, sin leyes ni normas que controlen la actividad de los operadores privados, imposibilitando así el control ciudadano. Pongamos que hablo de la Operación Chamartín ¡¡Viva la libertad de los poderosos, con la complicidad de los gobiernos!!
Porque el pesimismo y la indiferencia no constituyen buen refugio frente a la acometida triunfante de una derecha agresiva neoliberal, algunos aún creemos en el Urbanismo y en el Planeamiento de la ciudad y el territorio como una aventura política y cultural (amén de funcional, sociológica y medio ambiental), dirigida por los responsables del buen gobierno de la ciudad, elegidos democráticamente. Pero cada resultado electoral, aquí o en Washington, viene a enterrar esta ingenua pretensión. Ni siquiera la dramática DANA, que ha asolado l’Horta Sud de Valencia, hará pensar a nuestros gobernantes que las preferencias empresariales que señala Enric Juliana suponen el suicidio de nuestras ciudades. El suicidio de nuestras democracias. La degradación del urbanismo y los urbanistas, convertidos en agentes inmobiliarios de estas grandes “inversiones transformadoras”.
Pero, aunque sea por pura supervivencia, aún creo en un urbanismo sustentado por la racionalidad y el compromiso social, capaz de prefigurar y mantener la esperanza movilizadora de una ciudad más justa y bella.
