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En la prensa diaria del 17 de diciembre se publicó la noticia de que la Sala Primera del Tribunal Supremo, la Sala de lo Civil, ha itido a trámite una demanda del novio de la Presidenta Díaz Ayuso contra la Ministra de Hacienda y Vicepresidenta Primera del Gobierno por vulneración de su derecho al honor a causa de algunas frases vertidas por María Jesús Montero en una comparecencia en el Senado. Esta noticia merece dos acotaciones:
En primer lugar, el artículo 71.1 de la Constitución establece la inviolabilidad de Diputados y Senadores por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, por lo que la Vicepresidenta Montero, al ser Diputada, estaría en principio protegida por la inviolabilidad. Digo en principio porque en este caso concurre una circunstancia que hace jurídicamente complejo el asunto. El instituto de la inviolabilidad se ha considerado, por razones que veremos a continuación, en sentido exclusivamente penal, de modo que una demanda civil no se ha entendido incursa en la inviolabilidad por no corresponder al orden penal. Esa apreciación debería cambiar en el futuro en la jurisprudencia, ordinaria y constitucional, porque la vía civil en defensa del honor neutraliza por completo la inviolabilidad parlamentaria. ¿Qué importa que un parlamentario no tenga que comparecer ante un Juez penal si al final ha de abonar una indemnización pecuniaria por opiniones expresadas en un acto parlamentario?
La respuesta parece que debería excluir la persecución de parlamentarios por este motivo, pero el problema es que la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, contenía un inciso con la exclusión de los parlamentarios de toda denuncia civil pero la Sentencia del Tribunal Constitucional 9/1990, de 18 de enero, declaró inconstitucional esa exclusión y nadie ha intentado revisar lo que, a mi juicio, vacía en parte el instituto de la inviolabilidad establecido por el artículo 71.1 de la Constitución.
Ya tenemos a otra Sala del Tribunal Supremo, ahora la Sala de lo Civil, que se incorpora a la lucha contra el Gobierno
En segundo lugar, ya tenemos a otra Sala del Tribunal Supremo, ahora la Sala de lo Civil, que se incorpora a la lucha contra el Gobierno. La guerra empezó en la Sala Tercera, de lo Contencioso-istrativo, declarando ilegales diversos nombramientos del Gobierno, continuó en la Sala Segunda, de lo Penal, con la humillante operación contra el Fiscal General del Estado. Y ahora se une la Sala Primera. ¿Cuánto tiempo tardarán en unirse a esta operación la Sala de lo Social y la Sala de lo Militar?
Por eso, no han de extrañar las opiniones del Presidente del Gobierno cuando habló la semana pasada de cómo algunas resoluciones judiciales se filtran a los partidos de la derecha para augurar un “calvario” al Gobierno. En realidad, el Presidente Sánchez se quedó corto al hablar con tanta prudencia. Porque el principal problema no es que algunos órganos judiciales filtren con antelación sus decisiones a ciertos partidos. El problema de fondo, que está debilitando al Estado democrático en España, es que en su operación de derribo extraparlamentario del Gobierno (intentado previamente durante la pandemia) la derecha ha optado por utilizar ciertos procedimientos judiciales, como señalábamos hace dos semanas (Javier García Fernández: “Un congreso en medio de una ofensiva asfixiante”, Sistema Digital, 4 de diciembre de 2024). La conjunción de la voluntad de derribo del Gobierno por el Partido Popular con ciertas causas judiciales, más la manipulación informativa de los grandes diarios de la derecha, ha provocado, como comentábamos hace dos semanas, un clima irrespirable de persecución al Gobierno y a sus altos cargos. Un ejemplo de esta persecución lo vimos en los artículos de Perfecto Andrés Ibáñez “¿Un ejercicio suicida de la jurisdicción penal”, El País, 16 de octubre de 2024; y de José Manuel Romero, “¿Se lo imaginan?”, El País, 17 de octubre de 2024, dónde se explica cómo un asunto penal de poca trascendencia, como es el delito de divulgación de secretos, se está convirtiendo en un procedimiento para condenar a Fiscales y a periodistas.
Por eso, es difícil creer que sea una casualidad que se vayan acumulando las causas judiciales siempre contra el Gobierno, contra su Presidente y hasta los familiares de éste. Es una operación diseñada por algunos cerebros que han preparado los pasos a dar, los sujetos a quienes tocar y los procedimientos a aplicar en cada momento.
En la opinión pública progresista empieza a calar la sensación de una persecución judicial contra el Presidente Sánchez
No ha de extrañar por ello, que, como se ha escrito recientemente (Carlos E. Cué: “La estrategia medida de La Moncloa contra el ‘acoso judicial’”, El País, 15 de diciembre de 2024), y hace tiempo sostenemos en esta sección, en la opinión pública progresista empieza a calar la sensación de una persecución judicial contra el Presidente Sánchez. Incluso yo iría más lejos: en la opinión pública progresista hay sensación de humillación cuando ve el trato que está recibiendo el Fiscal General del Estado y cuando ve a la esposa del Presidente tratada como una delincuente por parte de un Juez y también en una Comisión de investigación de la Asamblea de Madrid. La opinión pública progresista también se siente humillada por la invasión de La Moncloa por parte del mismo Juez para interrogar al Presidente y cuando ve que todos los intentos procesales de restablecer sus derechos y los de su esposa chocan con dos murallas infranqueables, que son el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Audiencia Provincial de Madrid.
Además, a la opinión pública progresista le gustaría que el Consejo General del Poder Judicial, recién renovado, tomara cartas en el asunto para evitar que se quede en el papel de comité de empresa de los Jueces, que es el papel al que quiere llevarle la derecha. No es posible que nadie se dé cuenta del descrédito en que está cayendo el Poder Judicial ante millones de ciudadanos que pensaban que el papel político que desempeñaron los Jueces durante la dictadura se había acabado.
