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El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que regula el procedimiento para aplicar coeficientes reductores que permitan anticipar la edad de jubilación en determinadas actividades laborales consideradas especialmente penosas, peligrosas, tóxicas o insalubres.
Esta nueva normativa, impulsada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, establece un procedimiento previo y objetivo para determinar en qué ocupaciones se justifica una jubilación anticipada, cuando no sea viable una mejora de las condiciones laborales. La medida está basada en indicadores técnicos y cuenta con el consenso de las principales organizaciones sindicales (UGT y CCOO) y empresariales (CEOE y CEPYME), conforme al Acuerdo de la Mesa de Diálogo Social firmado el 31 de julio de 2024.
El objetivo del Real Decreto es aplicar criterios objetivos en la evaluación de trabajos con elevados índices de morbilidad o mortalidad, en los que se justifique una reducción de la edad ordinaria de jubilación. Para ello, se tendrán en cuenta definiciones detalladas de penosidad, toxicidad, peligrosidad e insalubridad.
Definiciones técnicas y criterios objetivos
La norma define como trabajos penosos aquellos que implican exposición prolongada a temperaturas extremas, ruido, vibraciones o el uso constante de fuerza física. Se consideran tóxicas las ocupaciones con o habitual con agentes físicos, químicos o biológicos agresivos. La peligrosidad hace referencia a la probabilidad elevada de accidentes laborales o enfermedades profesionales, mientras que la insalubridad se vincula a entornos laborales nocivos para la salud.
El procedimiento se fundamenta en tres indicadores objetivos:
Incidencia de incapacidades temporales, tanto comunes como profesionales, en relación con el total de personas trabajadoras del colectivo, desglosado por edad y sexo.
Tasa de sucesos graves, que incluye el número total de fallecimientos y casos de incapacidad permanente.
Duración media de las bajas, calculada como el número total de días de baja por proceso en relación con el total de procesos registrados.
Además, se elaborará un informe de morbilidad y mortalidad por parte de la Seguridad Social, que considerará otros factores como la edad, el sexo, la rotación laboral, el tipo de jornada, el tamaño de la empresa o la localización geográfica.
Procedimiento y aplicación
El proceso será iniciado mediante solicitud conjunta de organizaciones sindicales, empresariales o, en ciertos casos, istraciones Públicas. Esta solicitud será dirigida a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, que recabará informes del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo, del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo, y del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública si afecta a empleados públicos.
Una vez reunida la documentación, la comisión de evaluación, con participación de los interlocutores sociales, emitirá un informe sobre la concurrencia de las condiciones necesarias para la aplicación de los coeficientes reductores.
Estos coeficientes solo serán aplicables a colectivos que actualmente no cuentan con esta posibilidad. No afectarán a profesiones como las del mar, minería o personal de vuelo, ya cubiertas por normativas anteriores.
En ningún caso, la jubilación anticipada podrá situarse por debajo de los 52 años de edad
La aplicación de los coeficientes implicará una cotización adicional a la Seguridad Social, a cargo tanto de la empresa como del trabajador. Esta sobrecotización se determinará anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. En ningún caso, la jubilación anticipada podrá situarse por debajo de los 52 años de edad, ni podrá compatibilizarse con la continuación en la misma actividad que dio origen al coeficiente.
Una medida alineada con Europa
El nuevo Real Decreto se alinea con las políticas de países europeos como Francia, Austria o Italia, que ya contemplan mecanismos similares. Según el Ministerio, la norma también contribuirá a reducir la brecha de género y se enmarca en las reformas recientes dirigidas a adaptar la edad de jubilación a las condiciones reales de los trabajadores.
