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Resulta, a veces, muy difícil considerar a la justicia como un sistema aislado e independiente de la política. Por mucho que esté teorizada la separación de poderes. En la práctica, y aunque usemos la felicidad de los tres monos para no ver, no oír y, sobre todo, no decir que hay lawfare, se ven jueces que parecen tener la insignia de un partido político debajo de la toga.
Porque, si se utiliza el llamado "método del pato", ya saben, ese procedimiento que consiste en ver cómo anda, como grazna y si tiene pico o no, enseguida se deduce la existencia de patos en la istración de justicia.
El hecho de que haya partidos políticos, no todos, que prevén en sus estatutos la separación de sus cargos a los militantes que son imputados o procesados judicialmente, es otra evidencia de esa relación
Hay evidencias de esa relación, de influencia recíproca, entre la política y la justicia. Para empezar, el pulso entre "tendencias" para los nombramientos en los órganos de gobierno de los jueces y en los tribunales clave, es eminentemente político. El hecho de que haya partidos políticos, no todos, que prevén en sus estatutos la separación de sus cargos a los militantes que son imputados o procesados judicialmente, es otra evidencia de esa relación. El que la única moción de censura que ha salido adelante en el Congreso de los Diputados haya sido tras una sentencia judicial por corrupción, es otra. Y, por supuesto, la legislación que impide el desempeño de cargos públicos a personas condenadas judicialmente, es la demostración más obvia de esa relación.
Debido a esa innegable relación, el mero hecho de que un político, o su entorno en algunos casos, entren a ser investigados judicialmente, tiene el efecto político de provocar un reproche social con el consiguiente deterioro de sus posibilidades electorales. Y, por eso, la utilización de la justicia para intervenir en política es una tentación invencible. Para ello, tanto los partidos políticos como asociaciones, y seudoasociaciones, conectadas con ellos, acuden a los tribunales en cuanto tienen la menor ocasión. Y, a veces, basta con tener una noticia, cierta o no, de prensa que sirva como argumento, convertible en “prueba”, para una denuncia.
El que la única moción de censura que ha salido adelante en el Congreso de los Diputados haya sido tras una sentencia judicial por corrupción, es otra
Para que esa denuncia no caiga en saco roto, es importante conocer los detalles del procedimiento para deducir el "juez natural" encargado de la instrucción. Asuntos como el nombre de su Señoría, la jurisdicción donde presentarla y el momento de hacerlo, son detalles que hay que tener en cuenta. Ello garantizará el éxito del proceso.
En el terreno de las suposiciones, un proceso del tipo deseado comenzaría con una cierta presunción de culpabilidad o, al menos, debería procederse como si así fuera. Para tratar de demostrar esa culpabilidad sería esencial la selección de pruebas, tanto documentales como testificales, desechando las exculpatorias y aceptando tanto las inculpatorias como las que puedan ofrecer apariencia de serlo. Así se prepararía la munición necesaria para la batalla. Por último, pero no menos importante, es la filtración a la prensa, en la que posiblemente nació, con lo que se cierra el círculo vicioso, o virtuoso, según como y quien lo mire.
Dada la importancia de la mera existencia de la instrucción, es muy importante que la cosa dure, para lo cual el ámbito de la instrucción debe ampliarse hasta el absurdo llamando a nuevos testigos algunos de los cuales pueden agregarse a la lista de investigados. La solicitud de documentación complementaria y peritaciones suplementarias servirán, además de para el mismo fin, como forma de aumentar el volumen del sumario y, con ello, la apariencia de rigor. Y, no importa que se sobrepasen los plazos de la instrucción porque siempre se podrán pedir prórrogas por la "complejidad" del caso.
Si de todo ello puede derivarse un cierto hedor, no hay que preocuparse ya que, en todo caso, solo afectará a una parte de la población. Hay quien, no solo lo soporta, sino que lo aprecia, lo aplaude, lo fomenta y, sobre todo, lo explota mediática y políticamente.
Porque, y esto es lo más importante, de todo este proceso hay quien obtiene ventajas políticas a costa del deterioro de las instituciones. Quizás no tanto de la institución política, habida cuenta del estómago que se les supone a los políticos profesionales, como a la justicia.
Si de todo ello puede derivarse un cierto hedor, no hay que preocuparse ya que, en todo caso, solo afectará a una parte de la población. Hay quien, no solo lo soporta, sino que lo aprecia, lo aplaude, lo fomenta y, sobre todo, lo explota mediática y políticamente
Si se supone la obligatoriamente constitucional independencia de los jueces, el hecho de que se conviertan en parte no ayuda al prestigio de la institución. Ni el que una instrucción se convierta en una caricatura. Ni el que parezca que, también en contra de lo que dice no solo la Constitución sino el propio sentido común, no se someten, únicamente, al imperio de la ley. Ni el que no haya forma de que acepten los mandatos de estancias superiores derivados de recursos aceptados, retorciendo las normas todo lo necesario.
Para un mejor entendimiento de lo que quiero decir, ahora tendría que poner algún ejemplo, pero, francamente, después de haber escrito tanta obviedad, me parecería excesivo el hacerlo.
