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El Boletín Oficial de las Cortes Generales ha publicado el Proyecto de Ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, que establece una jornada laboral máxima de 37,5 horas semanales sin reducción salarial.
Este proyecto, aprobado por el Consejo de Ministros el 6 de mayo de 2025, inicia su tramitación parlamentaria con el objetivo de entrar en vigor antes de finalizar el año.
La norma establece una jornada máxima legal de 37,5 horas semanales (la actual, vigente desde el año 1983, es de 40 horas).
Principales medidas del proyecto de ley
Reducción de jornada: La jornada ordinaria máxima se reducirá de 40 a 37,5 horas semanales en cómputo anual, sin afectar al salario ni a los beneficios laborales existentes.
Adaptación de convenios: Las empresas con convenios colectivos que establezcan jornadas superiores deberán adaptarlos antes del 31 de diciembre de 2025.
Registro horario digital: Se implementará un registro de jornada digital, interoperable y accesible para la Inspección de Trabajo, obligatorio a partir de seis meses tras la entrada en vigor de la ley.
Sanciones: El incumplimiento de las nuevas disposiciones sobre jornada laboral y registro horario será considerado infracción grave, con multas de hasta 10.000 euros por trabajador afectado.
Derecho a la desconexión digital: Se refuerza el derecho de los trabajadores a no ser ados fuera de su horario laboral, especialmente en situaciones de teletrabajo.
Esta reforma es fruto de un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT, tras once meses de negociaciones. La patronal, representada por CEOE y CEPYME, no participó en el acuerdo, argumentando que la reducción de jornada debería abordarse mediante convenios sectoriales.
Según encuestas recientes, la medida cuenta con un amplio respaldo social: un barómetro de laSexta indicó que el 68,1 % de los españoles está a favor de la reducción de jornada, mientras que un estudio de 40dB. para El País y la Cadena SER reflejó que dos de cada tres españoles respaldan la medida.
El proyecto de ley inicia ahora su tramitación en el Congreso de los Diputados. El Gobierno espera contar con los apoyos necesarios para su aprobación y entrada en vigor antes del verano. Sin embargo, partidos como PP, Vox y Junts han expresado su oposición, lo que podría complicar su aprobación.
