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Javier M. González | @jgonzalezok |
Gabriela Máximo | @gab2301 |
Un brasileño, un argentino o un estadounidense que llegase a Montevideo este último domingo (27), sin conocer la política local, oiría con espanto los discursos de los candidatos que vencieron en el primer turno de las elecciones presidenciales. Yamandú Orsi, del Frente Amplio, de izquierda, llamó a los electores a la unidad y a fortalecer la convivencia democrática. “Defenderemos entre todos los demócratas de cada uno de los partidos la sana y respetuosa competencia electoral que tanto y tanto valoramos”, añadió.
Al mismo tiempo, en otro punto de la ciudad, el oficialista Álvaro Delgado, de derecha, hacía elogios a su contrincante, afirmando que el respeto mutuo refleja “esa cosa tan linda en Uruguay de la tolerancia”. Ante sus seguidores, Delgado mandó un saludo a Orsi y a los militantes del Frente Amplio, siendo aplaudido por la concurrencia.
Rodeado de países polarizados en que el odio domina la el ambiente, Uruguay confirmó que el civismo es su marca política
Las elecciones generales del pasado domingo, que para el presidente deberán definirse en la segunda vuelta, el 24 de noviembre, mostraron una vez más cómo este pequeño país que es Uruguay, de 3,5 millones de habitantes, es excepcional desde el punto de vista político. Rodeado de países polarizados en que el odio domina la el ambiente, Uruguay confirmó que el civismo es su marca política. Durante la campaña no hubo ataques personales o promesas milagrosas, ningún candidato se propuso refundar el país con medidas extremas y los electores no fueron insultados con debates de bajo nivel.
El izquierdista Yamandú Orsi logró el 43,94% de los votos y el oficialista Álvaro Delgado alcanzó el 26,7%. Se espera el mismo ambiente de respeto en la campaña para el segundo turno, cuando Delgado intentará sobrepasar a Orsi contando con los votos de Andrés Ojeda, del Partido Colorado, que integra la actual coalición de gobierno, que quedó en tercer lugar, y de otros pequeños partidos que están en la órbita del actual gobierno de coalición, de centro-derecha. La disputa está abierta, con ligera ventaja para el Frente Amplio si se cumple el habitual comportamiento del electorado en una segunda vuelta, cuando ninguno de los candidatos hereda el 100% de los votos que fueron a otras opciones.
Los ejemplos de la forma de encarar la política de los uruguayos abundan. Hace cuatro años, dos viejos rivales, los expresidentes Julio María Sanguinetti -primer presidente de la recuperada democracia, del Partido Colorado- y el antiguo guerrillero Pepe Mújica, decidieron dejar juntos la vida pública. Proporcionaron una imagen de alto simbolismo: la de los dos octogenarios abrazados tras renunciar a sus escaños en el Senado. En la ceremonia del adiós, Mujica dejó un mensaje fiel a su estilo: “He pasado de todo, pero no le tengo odio a nadie y les quiero transmitir a los jóvenes que triunfar en la vida no es ganar, sino levantarse cada vez que uno cae”.
Otro gesto ejemplar lo impulsó el actual presidente, Luis Lacalle Pou que, a principios del 2023, integró en la comitiva que viajó a la toma de posesión del presidente Lula en Brasil a Sanguinetti y Mujica, además de a su padre, el también expresidente Luis Alberto Lacalle. Un gesto, según Lacalle Pou, que intentó mostrar que en su país existe “continuidad democrática, institucional y republicana”. Para Mujica, son “los pequeños lujos que Uruguay puede tener”. Lujos que incluyen poder ver a presidentes en ejercicio o expresidentes caminando solos por la calle o tomando un café, sin los habituales aparatos de seguridad que custodian en otros países a las autoridades. Esto sucede también en Chile, donde el presidente Boric es sorprendido a veces llegando o saliendo del Palacio de La Moneda en bicicleta, pero aquí los ánimos están también muy polarizados, con una extrema derecha que ha vuelto a reivindicar al exdictador Pinochet, frente a una parte de la izquierda chilena que, desde el estallido social del 2019, quiere destruir el legado de los gobiernos de la transición (1990-2010).
A exactos 200 kilómetros en línea recta de Montevideo está Buenos Aires. Argentina y Uruguay son dos países cercanos geográficamente, con muchas tradiciones comunes -música, literatura, forma de hablar-, pero separados por una visión radicalmente opuesta sobre la manera de vivir la política. Desde diciembre del año pasado, la ya tradicional polarización política del país se vio potenciada con la elección de Javier Milei como presidente. Sus políticas están poniendo en peligro la institucionalidad del país. Pero, además, está destruyendo cualquier posibilidad de consenso político. Bajo la excusa de combatir la casta, cualquier atisbo de oposición o de opinión que no concuerde con la suya, cae exterminada por los peores insultos. Y aquí incluye a la mayoría de los medios, incluyendo aquellos que tienen una línea editorial más conservadora. En Argentina el adversario es un enemigo al que hay que eliminar.
La historia no es nueva, viene de lejos, desde el primer peronismo, en los años 40 del siglo pasado, cuando se instaló la idea de que había un pueblo peronista y el resto era antipueblo. Incluso se impuso por ley la “doctrina peronista”. Con la recuperación de la democracia, en 1983, el clima político argentino volvió a las antinomias. Los sindicatos peronistas le hicieron 15 huelgas generales al Fernando De la Rúa, abandonara el poder dos años antes de terminar su mandato. La versión kirchnerista del peronismo (2003-2015) compró las tesis de Ernesto Laclau, que recicló la idea de elegir un enemigo para gobernar. Y se llegó a instalar frente a la Casa Rosada fotos de periodistas y adversarios para que la gente los escupiera.
Cristina Kirchner se fue de Buenos Aires el día que tenía que traspasarle el mando a Mauricio Macri, en 2015, porque no soportaba la humillación, y cinco años después, cuando era Macri el que le entregaba el mando al peronista Alberto Fernández, con Cristina como vicepresidente, le tendió la mano de forma displicente, pero sin mirarle a los ojos como muestra de su desprecio.
La situación de Uruguay contrasta fuertemente con lo que se vio en Brasil en la segunda vuelta de las São Paulo fue escenario de los peores momentos, gracias, en parte, al surgimiento de un candidato desconocido, un “coach” motivacional, que conquistó una parcela importante del electorado con promesas sin fundamento y una campaña agresivamente irresponsable. Candidato por un minúsculo partido de extrema derecha, Pablo Marçal protagonizó y provocó los momentos más lamentables de la campaña.
En un debate acusó a uno de los candidatos, José Luiz Datena, de asediador, y acabó siendo agredido por el difamado con una silla. La escena, transmitida en vivo por la televisión, se transformó en el símbolo del bajo nivel de la campaña en la mayor ciudad de América Latina. En otro episodio, presentó un informe médico falso, acusando al adversario de izquierda, Guilherme Boulos, de ser de drogas. Por una diferencia de pocos votos Marçal no pasó al segundo turno, que ganó el también derechista Ricardo Nunes, y tendrá que responder en la justicia por la falsa acusación.
El surgimiento de este personaje puso de manifiesto el mal que la polarización política está haciendo a Brasil. Un fenómeno que se empieza a manifestar en la campaña del ultraderechista Jair Bolsonaro, en 2018, que lo llevó a la presidencia. Cuatro años después, en las elecciones del 2022, hubo agresiones, fake news de la extrema derecha derrotada y una tentativa de golpe, cuando una horda de seguidores del derrotado Bolsonaro invadió las sedes de los tres poderes en Brasilia. Bolsonaro abandonó el país días antes de concluir su mandato y no entregó la banda presidencial a su sucesor, Lula da Silva.
Al norte del continente, Donald Trump también rechazó acudir el 20 de enero de 2021 al traspaso de poder a Joe Biden en Washington, después de alentar la invasión del Congreso, en un intento de autogolpe, después de fracasar en sus intentos por imponer la idea de que había habido fraude en las elecciones.
La historia de Uruguay también tiene su lado oscuro. El 7 de junio de 1973 el entonces presidente constitucional, Juan María Bordaberry, disolvió el parlamento y se echó en brazos de los militares, que poco después asumieron el poder total. Esta dictadura violó los derechos humanos y gobernó hasta 1985 con saldo de muerte y terror.
Recientemente hubo una sesión del Congreso uruguayo que contó con la presencia de todos los presidentes vivos, Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995), José “Pepe” Mújica (2010-2015) y el actual mandatario, Luis Lacalle Pou, para recordar de manera institucional los 50 años del golpe.
El presidente Lacalle Pou aseguró que “para que el ‘nunca más’ sea cierto, tiene que haber para siempre democracia
El presidente Lacalle Pou aseguró que “para que el ‘nunca más’ sea cierto, tiene que haber para siempre democracia. “Y la democracia que se basa como instrumento debe satisfacer a un individuo libre. Por eso hay que perfeccionarla para la libertad del individuo”, detalló la prensa local.
Pepe Mújica, en tanto, agregó: “Hasta ahora no hemos encontrado algo mejor para el funcionamiento de las sociedades, la democracia no es perfecta, es perfectible. Pero no nos debemos desconformar, una manera de reafirmar la democracia es que la responsabilidad política ayude a los problemas más dramáticos”. Para el expresidente Lacalle Herrera, es relevante la presencia de “tres octogenarios, tres veteranos de guerra”, en referencia a los expresidentes.
La dictadura uruguaya terminó el primero de marzo de 1985 a la democracia, con lo que el país vive desde hace casi 40 años en una democracia ininterrumpida. Según el índice de la revista The Economist, Uruguay es la democracia más plena en América del Sur. La calidad democrática del Uruguay va aparejada con índices de todo tipo que hacen excepcional al pequeño país: tiene el segundo ingreso más alto per cápita más alto de Latinoamérica, después de Panamá, con 34.440 dólares; su tasa de pobreza es la más baja después de Chile (9,1 % en el primer semestre de este año); su economía que crece por encima de la región (el Banco Mundial proyecta que este año sea del 3,2 %; y tiene la mejor puntuación respecto a la corrupción, en niveles similares y Bélgica y Japón, según Transparencia Internacional.
