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En Portugal la Fiscalía ha iniciado una investigación sobre algunas compraventas de inmuebles del candidato socialista a presidir el Gobierno, Pedro Nuno Santos (El País, 18 de abril de 2025). Si recordamos el fiasco de la investigación sobre el Primer Ministro Antònio Costa y sus consecuencias, esta noticia debe preocupar a los progresistas portugueses. La anterior investigación de la Fiscalía, cuando Costa, sin tener que hacerlo, dimitió para evitar cualquier reproche, dio pie a una insólita disolución de un Parlamento donde los socialistas tenían mayoría absoluta y abrió una crisis que aún no ha acabado en Portugal.
En la opinión pública progresista se advierte impotencia y desánimo al ver que la política del Gobierno encuentra mil obstáculos provocados por una oposición que no es parlamentaria, sino judicial
Viene a cuento esta noticia para reflexionar sobre el papel, nada neutro, que puede desempeñar un Jefe del Estado y un Poder Judicial (o Ministerio Fiscal, que tanto da) para provocar crisis políticas y desestabilizar gobiernos sólidos. En Portugal, con mayoría absoluta en la Asamblea de la República, todo hacía pensar que el Partido Socialista gobernaría a lo largo de una legislatura. Pero la Fiscalía se metió por medio, acusó sin pruebas al Primer Ministro y cuando la crisis iba a resolverse con la mera sustitución del jefe del Gobierno, el Jefe del Estado, que tiene la prerrogativa de disolver el Parlamento cuando lo desee, decidió hacerlo. El resultado lo conocemos, Gobierno en minoría, ascenso importante de la extrema derecha y… nuevas elecciones dentro de unas pocas semanas. En el caso de Portugal es difícil no pensar que entre la Fiscalía, la Presidencia de la República, alguna derecha y algunos centros de poder económico no se hubieran confabulado para derribar al Gobierno de Costa, lo que lleva a reflexionar sobre el papel político activo de algunos sectores del Poder Judicial en el mundo.
Me venían a la mente estas reflexiones al leer algunas noticias que han aparecido la semana pasada en la prensa española. Primera noticia: “El magistrado [Peinado] multa con 5.000 euros al abogado de la defensa [de Begoña Gómez] por hacer declaraciones a la prensa” (El País, 17 de abril de 2025).
Llama la atención la poca trascendencia que se ha dado a esta noticia. En los procedimientos judiciales mediáticos es habitual que la prensa haga un seguimiento de todas las actuaciones que se producen y es inevitable que los periodistas hablen con los abogados de las partes, a los que ninguna norma prohíbe hablar con la prensa. Más bien lo contrario, el artículo 20 de la Constitución garantiza la libertad de expresión. Una sanción pecuniaria de esta importante cuantía por ejercer un derecho fundamental habría provocado hace unos años una reacción jocosa y los profesionales del Derecho habrían comentado que la sanción sería pronto anulada por un Tribunal superior o, si hiciera falta, por el Tribunal Constitucional. Hoy nadie se mofa de estas decisiones, por incomprensibles que puedan parecer, porque en todo el procedimiento en que están buscando supuestos delitos de Begoña Gómez, todas las decisiones del Magistrado Peinado han sido validadas por Tribunales superiores, aun siendo difíciles de entender. Llama también la atención el silencio del Colegio de Abogados de Madrid, tan diligente en la defensa del novio de Díaz Ayuso, que hasta ahora no ha salido en público a defender a uno de sus colegiados.
Y también llama la atención la primera plana de El Mundo de 17 de abril de 2025 que decía en grandes titulares: “El juez ve ‘contradicciones’ en Bolaños tras 2 horas en Moncloa”.
La sociedad contempla actuaciones políticas desestabilizadoras de algunos órganos judiciales que parecen dejar indiferente al CGPJ. ¿No tiene servicios de inspección el Consejo?
Si leemos atentamente esta información, firmada por Manuel Marraco, se saca la deducción que el Magistrado Peinado ha hablado con algún informador y es obvio que, si el abogado defensor no está obligado a guardar silencio de los casos que lleva, el Juez sí está obligado a la reserva y a hablar sólo mediante las resoluciones que prevé la legislación procesal. Si un Magistrado o Juez encuentra contradicciones en un testigo, no es la prensa, en concreto El Mundo, el cauce para exponer su convicción. Pero aquí nadie sale multado.
El hecho cierto es que llevamos muchos meses en los que se está investigando a la esposa del Presidente del Gobierno y todavía desconocemos quién es la víctima del supuesto delito. Lo mismo ocurre con el Fiscal General del Estado. Pero los instructores parece que se recrean en prorrogar la instrucción y en llamar a declarar a cualquier persona que se ha cruzado con los acusados por un pasillo. ¿Piensan acabar ambas instrucciones o las van a prolongar lo que dure la legislatura?
Y como las noticias judiciales son siempre jugosas (sobre todo si con ellas se pretende derribar gobiernos legítimos), El Mundo del mismo 17 de abril publicaba la siguiente noticia: “El Consejo de Europa tumba el plan progresista para reformar el CGPJ. Reitera que no debe haber injerencia policía y que los jueces deben elegirse entre ellos”.
La noticia olvida el carácter nada neutral del grupo de trabajo del Consejo de Europa y olvida un pequeño detalle, que en muchos países europeos no hay Consejos de la Magistratura y no por eso son criticados por el Consejo de Europa. Es más, en algunos países, como Alemania, los del Poder Judicial no tienen prohibida la militancia política y hay Jueces afiliados a la Democracia Cristiana o a la Socialdemocracia…
¿Para cuándo la designación de los Presidentes de las Salas Segunda y Tercera del Tribunal Supremo, Salas que son la punta de lanza de la guerra de la derecha contra el Gobierno?
Pero una cosa es que no entremos a creer cuantas noticias manipuladas lanza la derecha judicial, y otra es que no reflexionemos sobre el papel del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). ¿Es un órgano constitucional del Estado que trabaja para todos los ciudadanos o sólo labora por los intereses de los del Poder Judicial? Lanzo el interrogante porque ya nos hemos acostumbrado a oír a la Presidenta del CGPJ a salir en defensa de Jueces y Magistrados cada vez que hay una crítica política a una decisión judicial. ¿Es función de la Presidencia del CGPJ defender a los del Poder Judicial ante críticas de la sociedad, como si el Consejo fuera la junta de gobierno de un colegio profesional? ¿No es función del Consejo defender a los ciudadanos e impedir que los del Poder Judicial les causen algún perjuicio? Y esto ocurre cuando la sociedad contempla actuaciones políticas desestabilizadoras de algunos órganos judiciales que parecen dejar indiferente al CGPJ. ¿No tiene servicios de inspección el Consejo? ¿O su función se limita al reparto de cargos? ¿Para cuándo la designación de los Presidentes de las Salas Segunda y Tercera del Tribunal Supremo, Salas que son la punta de lanza de la guerra de la derecha contra el Gobierno?
En la opinión pública progresista se advierte la impotencia y el desánimo al ver que la política del Gobierno encuentra uno y mil obstáculos provocados por una oposición que no es parlamentaria, sino judicial, y contra esa oposición no caben votaciones parlamentarias. Se impone por la fuerza de sus resoluciones.
