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Un mes después de aquel dramático 29 de octubre en el que una terrible DANA asoló gran parte de la provincia de Valencia (70 municipios en los que viven más de 600.000 personas), ante la inoperancia culpable de la Generalitat autonómica gobernada por el Partido Popular, se estaría iniciando, no sin dificultades, una lenta recuperación impulsada por el amplio despliegue de recursos humanos y materiales por parte de la istración central que, junto a las emocionantes muestras de solidaridad individual y colectiva, permiten reivindicar el papel del Estado y desactivar el mantra populista que busca su deslegitimación.
Las dimensiones de la catástrofe resultan abrumadoras, tanto en pérdida de vidas humanas (222 personas fallecidas y 5 desaparecidas hasta el momento), como de viviendas destrozadas (100.000) y empresas y trabajadores afectados -en mayor o menor grado- en su actividad productiva (30.000 y 240.000, respectivamente), con un impacto económico global que las primeras evaluaciones sitúan en un 34,5% del PIB provincial.
El amplio despliegue de recursos por parte del Gobierno central supone la más contundente impugnación práctica del relato ultraderechista sobre el “Estado fallido”
Además de los 25.000 empleados públicos (militares, bomberos, policías, forestales, sanitarios…) desplazados a la zona afectada, el “escudo social” reactivado por el Estado constituye el mayor programa anticrisis jamás planteado para hacer frente a una catástrofe natural (con un presupuesto hasta ahora de 14.374 millones de euros) tanto en la primera fase de respuesta inmediata como para la posterior reconstrucción y relanzamiento de la actividad económica y social de la zona.
Su regulación normativa (sendos Decretos-Ley de fecha 5 y 11 de noviembre, respectivamente) incluye más de un centenar de medidas de protección y ayudas extraordinarias en materia vivienda, trabajo, salud, infraestructuras, servicios, fiscalidad, Seguridad Social, etc. y supone la más contundente impugnación práctica del relato ultraderechista sobre el “Estado fallido”.
ERTEs, defensa del empleo y de los derechos laborales
El sistema de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo que resultó clave en la gestión de la COVID (sólo en la Comunidad Valenciana garantizó la continuidad de más de 50.000 empresas y el empleo de 236.000 trabajadores) y se consolidó luego por la Reforma Laboral, se ha reactivado ahora para hacer frente al impacto de la DANA. Su cobertura implica la suspensión temporal de la relación laboral o reducción de jornada por fuerza mayor, la protección de trabajadores con desempleo, abonando el 70% de su base reguladora salarial y considerándolo como período cotizado (sin consumir prestación por desempleo y sin merma de ingresos por el paso del tiempo) y una exoneración del 100% de las cuotas a la Seguridad Social para las empresas.
Según los últimos datos oficiales disponibles son ya 2.370 empresas y 25.772 los trabajadores protegidos por los ERTE
Según los últimos datos oficiales disponibles (a fecha 26-11-24) son ya 2.370 empresas y 25.772 los trabajadores protegidos por dicho sistema regulatorio. Se trata del grupo más duramente afectado por los efectos de la DANA, que se ha visto obligado a suspender por el momento todas su producción o servicio, mientras trata de adecuar sus instalaciones, reponer sus infraestructuras y reactivar su actividad.
Salvo 10 empresas más grandes, la mayoría son PYMEs y micro-empresas con un tamaño medio de 7,4 trabajadores, distribuyéndose casi por mitades entre la industria y los servicios, con especial presencia del pequeño comercio y la hostelería, actividades cuya ubicación en la trama urbana de nuestros pueblos y ciudades ha incrementado gravemente su vulnerabilidad frente a las inundaciones.
El compromiso de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, con competencias en la materia, es mantener la cobertura de los ERTEs hasta que las empresas puedan recuperar su actividad, garantizando el mantenimiento del empleo y la prohibición de los despidos (art. 46 del RDL 7/2024).
En este contexto de catástrofe colectiva, solidaridad social y compromiso protector del Estado resultan especialmente irritantes tanto el retraso de la istración autonómica en difundir la alerta el día 29 de octubre, como la irresponsabilidad de algunas empresas que retuvieron aquella tarde dramática la salida de los trabajadores en algunos polígonos como, finalmente, la falta de empatía de otros empresarios que durante la segunda DANA del pasado 13 de noviembre pidieron a la Generalitat que emitiera “salvoconductos” para que sus empleados pudieran seguir trabajando aún a riesgo de su seguridad.
La misma Conselleria de Interior y Justicia que fue incapaz de activar a tiempo la alarma que podría haber salvado muchas vidas, se demostró luego especialmente diligente para ofrecer dichos salvoconductos, añadiendo indignidad a su ya demostrada inoperancia y contraviniendo frontalmente lo dispuesto en el artículo 41 del RDL 7/2024 que regula la actividad en situaciones de riesgo grave e inminente (alerta amarilla o roja), por lo que han sido presentadas un centenar de denuncias ante la Inspección de Trabajo.
Protección a los más vulnerables
Según el último informe de la sección española de la European Anti-PovertyNetwork, elaborado a partir de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE correspondiente a 2023, el 29,6% de la población valenciana se considera en situación potencial de riesgo de pobreza y/o exclusión social, porcentaje que se reduce al 10,7% si consideramos sólo a la población en situación real de pobreza severa, la que sobrevive con ingresos inferiores al 40% de la renta nacional mediana, es decir, con menos de 611 euros mensuales por unidad de consumo.
Se trata de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, integrados por personas y grupos familiares afectados, en mayor o menor grado, por los diferentes factores de desigualdad y exclusión: precariedad laboral, paro de larga duración, emigración irregular, déficit habitacional, marginación social, etc.
Sin la acción protectora del Estado impulsada en los últimos años por el gobierno progresista la tasa de pobreza severa crecería hasta el 31,5% de la población valenciana
El citado Informe demuestra que en ausencia de las transferencias sociales y la acción protectora del Estado impulsada en los últimos años por el gobierno progresista (revalorización de las pensiones, aumento del salario mínimo, IMV, topes al coste de la luz y el gas, etc.) la tasa de pobreza severa crecería hasta el 31,5% de la población valenciana.
Con todo, son los colectivos vulnerables los que más duramente han sufrido el impacto diferencial de la DANA y requieren ahora de una mayor y mejor protección social para evitar que se cronifique, o incluso agrave, su situación de pobreza y exclusión.
El primer paquete de ayudas sociales para estos colectivos se incluyó en el Real-Decreto Ley 7/2024, de 11 de noviembre, por el que se establecía un incremento automático del 15% para las pensiones no contributivas (invalidez, jubilación…) y el Ingreso Mínimo Vital. En los municipios afectados por la DANA son 10.500 los perceptores de dichas pensiones y 23.400 los hogares beneficiarios del IMV (en los que viven 69.500 personas), cuya cuantía oscilaba hasta el pasado mes de octubre entre los 497 y los 814 euros mensuales.
Se ha fijado también una subida adicional del 30% al complemento de ayuda a la infancia (CAPI, equivalente a 150 euros/mes) asociado al IMV que, en la zona de referencia, perciben 10.350 hogares vulnerables en los que viven 30.000 menores.
Por otra parte, ante la imposibilidad total o parcial de prestar servicios en el ámbito del empleo doméstico y de los cuidados, se reconoce expresamente la aplicabilidad a las trabajadoras de este sector (17.389 de alta en la Seguridad Social en la provincia de Valencia) del régimen especial de prestación por desempleo previsto para los casos de fuerza mayor, con una cuantía salarial equivalente al 70% de su base reguladora, sin necesidad de período de carencia previo ni posterior consumo de períodos cotizados.
Límites y contradicciones
Aunque las medidas de protección y ayudas extraordinarias desplegadas hasta ahora tratan de cubrir las necesidades generadas por la DANA y avalan la función protectora del Estado, presentan también límites y contradicciones que resulta necesario resolver.
La más dramática, sin duda, es la que afecta a las personas migrantes en situación irregular de las zonas afectadas que, por carecer de permiso de residencia y empadronamiento istrativo, no pueden acceder a las ayudas en materia de vivienda, empleo y seguridad social pese a ser, paradójicamente, quienes más lo necesitan, quedando atrapados en una espiral de precariedad de la que no saben cómo ni cuándo van a poder salir, mientras sufren en ocasiones el acoso provocado por los bulos xenófobos de la extrema derecha.
Es por ello que desde las organizaciones sociales (CC.OO, Oxfam, Coordinadora Valenciana de ONGD) se ha planteado a la Secretaría de Estado de Migraciones la adopción de medidas urgentes para paliar dicho déficit de cobertura.
Lo que se propone, con carácter de urgencia, es acelerar la renovación o prórroga automática de las autorizaciones de residencia y permisos de trabajo ya vigentes y, sobre todo, conceder ahora una autorización istrativa provisional a los emigrantes irregulares residentes en los municipios afectados con anterioridad al 29 de octubre pasado, en aplicación de la Disposición Adicional 1.4 del actual reglamento de extranjería -a la espera de la aplicación integral del Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, que lo renueva y amplia- con objeto de regularizar su situación y facilitar el a las prestaciones y ayudas a que tuvieran derecho.
Se trata, en definitiva, de proteger también a los que, estando entre nosotros, lo han perdido todo…, aunque apenas tuvieran nada.
